Procesaron al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo por fraude al Estado y coimas

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita. Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. 

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías. 

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia. El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

Según la resolución, la maniobra habría provocado un perjuicio al Estado estimado en más de 30 mil millones de pesos.

Una estructura organizada dentro del organismo

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS funcionó como centro de operaciones de un esquema de corrupción destinado a favorecer a un grupo reducido de droguerías.

El fiscal federal Franco Picardi describió una organización integrada por funcionarios y actores privados que actuaban de forma coordinada para obtener ganancias indebidas.

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El juez concluyó que existió una estructura jerárquica con roles definidos que operó dentro del Programa Incluir Salud, encargado de brindar cobertura a personas con discapacidad y sectores vulnerables sin otra asistencia médica.

Compras direccionadas y sobreprecios

El fallo detalla que las contrataciones investigadas se vinculan con medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Según la Justicia, se implementó un sistema paralelo de compulsas de precios en el que participaban siempre las mismas cuatro droguerías, que simulaban competencia.

A través de este mecanismo se habrían confeccionado órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos, con sobreprecios en productos específicos y una fuerte concentración de adjudicaciones en dos empresas.

El sistema, afirma la resolución, violaba principios básicos de la contratación pública como transparencia, publicidad y concurrencia de oferentes.

Retornos y operadores externos

La causa también investiga pagos indebidos a funcionarios como contraprestación por asegurar la adjudicación de contratos. La Justicia detectó la intervención directa de operadores externos que accedían al sistema informático del organismo y participaban en decisiones administrativas.

Para el juez, la agencia fue “cooptada” y utilizada como vía de enriquecimiento ilícito en detrimento de la población destinataria del programa, especialmente personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas.

Entre los elementos considerados figuran registros de visitas, transferencias indirectas y evidencia material que, según la resolución, refuerzan la hipótesis de un sistema de sobornos sostenido en el tiempo.

Próximos pasos de la investigación

Casanello ordenó nuevas indagatorias y amplió la investigación hacia las estructuras societarias de las droguerías involucradas. También rechazó los planteos de nulidad de las defensas respecto de audios filtrados, al considerar que la acusación se sostiene en pruebas independientes.

El magistrado advirtió que el esquema descubierto podría no agotarse en los hechos ya probados y señaló la necesidad de profundizar la pesquisa para determinar si existieron otros niveles de complicidad.

La causa continúa en etapa de instrucción y podría derivar en nuevos procesamientos.