Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

La crisis ambiental provocada por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en la región capital sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 4 de La Plata dispuso embargar a la Provincia de Buenos Aires por más de $157 mil millones para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales que generan La Plata, Berisso y Ensenada.

La medida, dictada por juez federal Alberto Recondo, ordena inmovilizar $157.164.287.201, monto que deberá depositarse en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense acredite el comienzo de la primera etapa del proyecto de saneamiento. Según la resolución, el dinero permanecerá a plazo fijo con renovación automática cada 30 días hasta que se verifique el inicio efectivo de las obras.

El fallo de Recondo surge en el marco de una causa iniciada en 2020 por daños ambientales y tras una serie de resoluciones cautelares adoptadas desde 2022. En ellas, el magistrado ya había advertido sobre la gravedad de la contaminación del sistema hídrico que integran el Arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata.

En el expediente figura un informe pericial elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata que describe “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema”, convertido en un sumidero de aportes cloacales y residuos urbanos.

Como señaló el juez, el problema arrastra más de dos décadas de deficiencias en la infraestructura sanitaria. La documentación aportada en la causa muestra que la incapacidad para depurar los residuos cloacales de la región se mantiene desde hace años, lo que evidencia una omisión persistente del Estado provincial en la implementación de una política ambiental y sanitaria eficaz.

Ya en 2022 la Justicia había ordenado que la Provincia incluyera en su presupuesto los fondos necesarios para iniciar la obra de tratamiento cloacal propuesta por la propia administración. Sin embargo, “la medida no fue cumplida”, lo que motivó la decisión de trabar embargo para asegurar el financiamiento inicial del proyecto.

En ese contexto el magistrado también rechazó los argumentos vinculados a la falta de recursos del Estado bonaerense. En resoluciones previas recordó que el costo de la obra representaba apenas el 0,67% del presupuesto provincial, por lo que la postergación no se explicaría por falta de financiamiento sino por decisiones de asignación de recursos.

La decisión judicial se adoptó luego de una nueva inspección ocular realizada por el propio juez en las márgenes del Arroyo El Gato y en sectores cercanos a su desembocadura en el Río de la Plata. Allí se constató nuevamente el incumplimiento de las tareas ordenadas, lo que quedó registrado en actas y material fotográfico incorporado al expediente.

El fallo también dispuso solicitar asistencia técnica a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar cómo debería ser un sistema mecanizado eficiente de retiro de residuos sólidos en el arroyo y sus márgenes, y eventualmente verificar su correcta implementación.

Finalmente, el juez ordenó remitir copia de todo lo actuado al juzgado federal penal de turno para investigar la posible comisión del delito de desobediencia a una orden judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal, ante el reiterado incumplimiento de las medidas dictadas en la causa.

CONTAMINACIÓN EXTREMA

La orden de embargo contra la Provincia llega en un contexto de crecientes advertencias científicas y ambientales sobre el impacto sanitario de los vertidos cloacales. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET describió una “alarmante situación ambiental y sanitaria” en las playas de Berisso, donde el vertido de efluentes sin tratamiento ha convertido áreas recreativas en zonas de riesgo para la salud.

Los datos microbiológicos revelaron niveles extremos de contaminación: mientras la normativa establece un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros para el vuelco en cursos de agua, en la descarga cloacal se registraron valores promedio cercanos a 7,1 millones, muy por encima de lo permitido.

En paralelo, la organización ambiental Nuevo Ambiente pidió que no se aplique el aumento tarifario de la empresa Aguas Bonaerenses, al considerar que el sistema cloacal funciona de manera incompleta y que la planta de pretratamiento ubicada en Berisso resulta insuficiente para tratar el volumen de efluentes generado por las tres ciudades.