Inteligencia: marcha atrás con cambios polémicos

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los aspectos más controvertidos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y remitió una nueva versión al Congreso. La decisión llega tras las fuertes críticas por el riesgo de espionaje interno que despertó meses atrás el proyecto original.

Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, a lo largo de 170 páginas el PIN fijaba los lineamientos estratégicos del país para trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debía adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria disparó la polémica cuando un informe periodístico publicado en mayo del año pasado reveló los aspectos más controvertidos del plan. Por ejemplo, al poner bajo su lupa a opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas acusados de “erosionar” la confianza pública.

Tras un dictamen crítico de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, la SIDE accedió a eliminar o reformular referencias a “actores” que pudieran afectar la “percepción” y los procesos “cognitivos” de la opinión pública, incluyendo el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La información fue publicada por el diario La Nación.

Fuentes al tanto de la negociación señalaron que las correcciones se enviaron después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert, en un intento por despejar cuestionamientos sobre espionaje interno y ajustar el plan a los límites fijados por la ley de inteligencia nacional.

Mientras, persisten las alertas en el Congreso por el decreto 941/2025, con el que Milei amplió por su cuenta las facultades de la SIDE para detener personas sin control judicial previo y realizar cruces masivos de datos personales, al margen del debate parlamentario.

La renovación legislativa dejó a la Comisión Bicameral en suspenso y la nueva versión del PIN aún no recibió revisión definitiva, lo que alimenta la discusión sobre si sigue vigente el texto más polémico o si ya rige el plan corregido que el Poder Ejecutivo considera operativo.