Código Penal, universidades y discapacidad, en la mira

“El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso”, anunció ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al término de la mesa política que encabezó en Casa Rosada y a la que también se sentaron el asesor Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X, el funcionario -que quedó en el ojo de la tormenta por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial que viajó a Nueva York y que también fue cuestionado por un viaje privado que hizo a Punta del Este- anunció los temas que el Gobierno considera prioritarios en el arranque del año legislativo.

En ese sentido, mencionó en primer lugar la “modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas”

Luego aludió a las “leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”.

Además, anticipó Adorni, “se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.

Este último anuncio en particular inquieta por igual al sector universitario -que ayer protagonizó otra jornada de paros y una marcha de las antorchas al que se plegó la comunidad académica de la Universidad Nacional de La Plata- y al colectivo de personas con discapacidad.

Vale recordar que el año pasado, tras varias jornadas conflictivas, el Congreso aprobó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, lo que supuso un aumento de partidas para estos sectores.

Sin embargo, esas iniciativas luego fueron vetadas por el presidente, Javier Milei. Una decisión que el Congreso rechazó y obligó al Ejecutivo a promulgar las normativas cuya aplicación finalmente se terminó suspendiendo

En el caso puntual de Discapacidad, el Gobierno reglamentó la norma recién en febrero de este año, tras un fallo de la Justicia que ordenó su implementación.

Por otro lado, uno de los desafíos más cercanos del oficialismo en el Congreso tiene que ver con la reforma de la Ley de Glaciares de 2010, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza apunta a introducir cambios que, según sus críticos, permitirían avanzar con desarrollos vinculados a la megaminería y los hidrocarburos en territorios hoy protegidos.

Debido a la importancia que esta norma tendría para los recursos de los argentinos y argentinas, diputados y diputadas de la oposición solicitaron la realización de audiencias públicas, que se llevarán a cabo el próximo 25 y 26 de marzo.