Endurecer penas para castigar las denuncias falsas

El Gobierno nacional impulsa la sanción en el Congreso de una ley que suba en forma drástica las penas de varios delitos, entre ellos el de falsa denuncia, mediante una reforma en el Código Penal. La iniciativa en preparación apunta a desalentar las demandas y otras acciones procesales vinculadas a violencia de género y a delitos sexuales, que luego se desmoronan al quedar demostrada su falsedad y causan graves perjuicios, según se detalló en el informe publicado ayer en este diario.

El trabajo periodístico aludió, entre varios casos emblemáticos, a una denuncia penal presentada en Rosario en la que se pide investigar a tres psicólogas ligadas a una ONG con sede en La Plata por presuntamente fabricar informes repetidos y diagnósticos idénticos para sostener acusaciones de abuso sexual infantil, luego descartadas por la Justicia y condenar así a una de las partes de una pareja.

Como correlato de ello se presentó en la Justicia penal platense una denuncia que pide investigar la presunta fabricación de acusaciones de abuso sexual infantil a partir de informes repetidos y diagnósticos psicológicos idénticos. El denunciante extendió la imputación contra un exjuez federal de La Plata actuante en esa causa y aludió a una presunta existencia de una asociación ilícita dedicada a sostener imputaciones sin sustento contra el integrante de una pareja.

Cabe consignar que el delito de falsa denuncia está contemplado en el artículo 245 del Código Penal, con penas de dos meses a un año de prisión o multas que, por su bajo monto, resultan en la práctica simbólicas. El proyecto oficial impulsaría elevarla hasta 10 años de cárcel.

Juristas, víctimas y sectores políticos coinciden en que muchas penas vigentes no cumplen una función disuasiva. En el caso mencionado las condenas más severas no surgen por la falsa denuncia en sí, sino por su combinación con otros delitos como coacción o falso testimonio, según se dijo en el informe publicado ayer.

El trabajo enumeró otras causas de violencia familiar, entre las parejas o contra los hijos, en el que mujeres o varones fueron condenados, cumplieron condenas en prisión, a veces por varios años, y luego se determinó que las denuncias contra ellos habían sido falsas.

Lo cierto es que el fenómeno de las falsas denuncias ganó visibilidad en el plano social. Organizaciones y observatorios reportan un aumento de casos en contextos de disputas familiares, divorcios y regímenes de contacto con hijos. Aunque algunas denuncias terminan desestimadas, el daño suele consumarse de antemano: detenciones preventivas, exclusión del hogar, pérdida laboral y estigmatización pública.

El proyecto que elabora el ministerio de Justicia nacional busca corregir inconsistencias del Código Penal sancionado en 1921 y agravar muchas de las penas, entre ellas la de la falsa denuncia. Procura darle una mayor centralidad a las víctimas y mayor eficacia al sistema penal. Y dentro de ese esquema, la falsa denuncia dejaría de ser vista como una falta menor para convertirse en un ataque directo al funcionamiento del Estado, incorporándose además nuevas figuras penales como ciberdelito, estafas piramidales o modalidades del robo urbano.

Corresponde señalar que este endurecimiento de penas no está exento de críticas. Sectores del feminismo jurídico y organizaciones de derechos humanos advierten sobre un posible “efecto congelante”: el temor a ser castigadas podría desalentar a víctimas reales a denunciar, especialmente en delitos de difícil prueba.

En cuanto al tema de las relaciones paterno-filiales, está claro que toda falsa denuncia o declaración amañada en los expedientes de familia se volvió, ante la permeabilidad existente, muy generalizada en el sistema judicial. Se producen así graves daños a la relación con los hijos e inclusive al honor estos y de los acusados, a los patrimonios y a la vida misma de las víctimas de las maniobras.

Se dijo siempre que una puerta a la solución de este grave problema, según los especialistas, pasa por reformar la normativa penal y fijar penas mucho más severas para los denunciantes falsos.