El gerente general de la AFA se desligó de todo

El gerente general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gustavo Lorenzo, se presentó en los tribunales en lo Penal Económico para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga a dirigentes de la entidad por la presunta retención de impuestos y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos.

Durante su presentación, el dirigente negó tener responsabilidad en la falta de pago de los tributos. A través de un escrito presentado por su defensa, explicó la estructura administrativa de la AFA y sostuvo que, en su función como gerente general, no tiene intervención directa en el pago de impuestos ni en la gestión de las obligaciones fiscales de la institución.

En las horas previas a la audiencia, la indagatoria había quedado en duda debido a que Lorenzo cambió de abogado. Finalmente se presentó acompañado por su nuevo defensor, Cristian Pérez.

Las indagatorias estaban previstas originalmente para comenzar el jueves con la declaración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, el dirigente también modificó su representación legal —ahora a cargo de Luis Charro— y el juez le otorgó tiempo para interiorizarse en la causa.

De esta manera, su declaración fue reprogramada para el próximo jueves.

Además de Tapia y Lorenzo, en el expediente están citados a indagatoria el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el actual secretario general Cristian Malaspina y el ex secretario general Víctor Blanco.

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El cronograma judicial continuará el lunes con las declaraciones de Blanco y Malaspina, el miércoles será el turno de Toviggino y el jueves cerrará la ronda de indagatorias con la presentación de Tapia.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo sostuvo que la AFA habría retenido y no pagado impuestos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, el IVA y aportes previsionales por un total de 19.300 millones de pesos.

Según la acusación, las irregularidades se habrían producido en distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado.

De acuerdo con la legislación vigente, el delito se configura una vez vencido el plazo para el pago del tributo, independientemente de que la deuda sea posteriormente regularizada.

En el marco de la investigación, el juez Amarante ordenó distintas medidas para determinar la situación financiera de la entidad. Entre ellas, solicitó información bancaria para establecer si la AFA contaba con fondos disponibles para afrontar esas obligaciones. Según los informes recibidos, la institución tenía en ese momento cuentas con aproximadamente 8.000 millones de pesos y plazos fijos en dólares por alrededor de cinco millones.