Amparo contra la reforma laboral
Edición Impresa | 7 de Marzo de 2026 | 01:38
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo para frenar la aplicación de varios artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, recientemente promulgada. El eje central de la demanda apunta contra el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que, según la central sindical, podría generar un fuerte impacto en el funcionamiento del sistema judicial.
El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la CGT y constituye el primer paso de una estrategia legal más amplia destinada a cuestionar aspectos clave de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. El magistrado ya había intervenido en otros casos vinculados a medidas del actual gobierno: a comienzos de 2024 rechazó dos amparos presentados contra el DNU 70/2023.
En su presentación, la CGT sostuvo que el traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña se habría aprobado sin la intervención de la Comisión Bicameral prevista por la Ley 24.588. De acuerdo con el planteo sindical, esta omisión vulneraría el principio constitucional del “juez natural” y generaría un escenario de incertidumbre tanto para trabajadores como para empleados judiciales.
La central obrera advirtió además que la medida implicaría el cierre inmediato de unos 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A largo plazo, agregan, podría derivar incluso en la eliminación completa del fuero laboral nacional. El cambio también afectaría a miles de expedientes actualmente en trámite y a los empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y eventuales reubicaciones dentro del sistema judicial porteño.
El cuestionamiento sindical apunta especialmente al artículo 91 de la reforma laboral, que establece la transferencia del fuero laboral nacional en base al acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la administración nacional.
Desde la CGT sostienen que esa aprobación se concretó durante las sesiones extraordinarias del Congreso sin cumplir con los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de transferencias. En ese sentido, recordaron que incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel había advertido sobre las objeciones legales del procedimiento.
Una estrategia legal similar a la usada contra el DNU 70
La presentación judicial guarda ciertos paralelismos con la estrategia que la central obrera desplegó en diciembre de 2023 contra el DNU 70. En aquel momento, distintos gremios impulsaron múltiples demandas en juzgados de primera instancia, lo que derivó en la suspensión parcial del decreto por parte de la Cámara del Trabajo y en un posterior tratamiento en la Corte Suprema, que nunca llegó a emitir un fallo definitivo.
En esta nueva ofensiva judicial, la CGT prevé avanzar con otra medida cautelar en el fuero laboral y promover presentaciones individuales de distintos sindicatos ante los tribunales.
El amparo presentado por la central sindical se concentra exclusivamente en el cuestionamiento al traspaso del fuero laboral y deja fuera otros puntos polémicos de la reforma. Entre ellos figuran los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de los períodos de prueba, las modificaciones al derecho de huelga y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas.
La defensa del Estado nacional en este caso estará a cargo del nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La ley ya fue promulgada
La presentación judicial se concretó el mismo día en que la reforma laboral fue promulgada oficialmente. La norma, identificada como Ley 27.802, fue publicada en el Boletín Oficial.
Días antes, el lunes, la CGT había realizado una movilización frente al Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial y manifestar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
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