Trabajadores de Fate se movilizaron a la Gobernación y entregaron un petitorio

El gremio de los trabajadores del neumático, SUTNA, se movilizó este mediodía hacia la Gobernación bonaerense en La Plata para exigir la intervención de Axel Kicillof tras el cierre de Fate.

El conflicto por el cierre de la empresa en San Fernando continuaba irresuelto y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sostuvo su plan de lucha con una movilización a la capital provincial para reclamar medidas concretas por parte del Ejecutivo.

En ese marco, en las horas previas se conoció un fallo clave a favor del gremio. La Justicia Laboral resolvió que la firma de Javier Madanes Quintanilla debía abonar los salarios vencidos y no pagados, así como también los correspondientes a la segunda quincena de marzo y a los meses de abril, mayo y junio de 2026.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que estableció que el convenio firmado entre la empresa y el gremio continuaba vigente hasta el 30 de junio de 2026. En ese contexto, correspondía el pago de los salarios de todos los trabajadores incluidos en la nómina al momento del acuerdo, rubricado en mayo de 2025.

A raíz del cierre de la planta, unos 920 empleados habían quedado desvinculados, aunque alrededor de 250 aún no habían logrado acuerdos de salida con la empresa.

La concentración se realizó desde las 13.30 en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, donde los manifestantes buscaron —y finalmente concretaron— la entrega de un petitorio al gobernador.

En la antesala de la movilización, el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, llevó adelante una audiencia en la delegación de Tigre para abordar la situación. Desde la cartera laboral habían adelantado que acompañarían los planteos del gremio ante el Gobierno nacional, al considerar que allí podía encontrarse una solución estructural al conflicto.

En paralelo, el SUTNA mantuvo expectativas sobre un proyecto en la Legislatura bonaerense que proponía la intervención temporal de la fábrica por un año, con el objetivo de garantizar la continuidad productiva y la reincorporación de los trabajadores.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial calificaron la iniciativa como “inviable” y señalaron que la Provincia no podía afrontar el impacto de empresas que cierran de manera sostenida. Además, apuntaron contra las políticas del presidente Javier Milei, especialmente la apertura de importaciones, como uno de los factores centrales del conflicto.