Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”

Tal como adelantó este diario en su edición de ayer, la fiscal asignada para intervenir en la instancia de debate oral por el escándalo de las tarjetas de la Legislatura bonaerense, realizó en una audiencia virtual un esbozo de los parámetros en los que basaría la acusación, de acuerdo al grado de participación que habrían tenido en el hecho los 50 imputados investigados.

En ese sentido, según calificadas fuentes de tribunales, la doctora Viviana Arturi le endilgó un grado de responsabilidad mayor en la maniobra denunciada a Claudio y Facundo Albini, al igual que a Julio “Chocolate” Rigau, para quienes estableció escenarios de pena mayores a los seis años de prisión y, por ende, de cumplimiento efectivo.

Muy diferente parece ser la situación de quienes entregaron sus plásticos a cambio de supuestos favores laborales o jubilatorios, a quienes les esperaría requerimientos de condena de tres años de cárcel, pero de ejecución condicional.

Ahora, en un hipotético escenario, no se descarta que puedan concretarse acuerdos de juicio abreviado o salidas alternativas al debate oral, lo que permitiría simplificar el proceso.

Si bien nadie está obligado a aceptar lo planteado por la fiscal Arturi, evitar sentarse en el banquillo de los acusados delante de tres jueces técnicos y los flashes de las cámaras, no sería para despreciar. Igual depende de cada uno de los acusados y lo que le recomienden sus defensores.

En la requisitoria de elevación a juicio, a cargo de la fiscal que investigó el hecho, Betina Lacki, se dejó asentado que el día en que “Chocolate” Rigau cayó preso intentó defraudar económicamente a la administración pública, utilizando 40 de las mencionadas tarjetas, con las que procedió a la extracción de la suma de 30.000 pesos de cada una de las cuentas asociadas a las mismas, obteniendo un total de 1.260.000 pesos en efectivo en billetes de 1.000 pesos, no logrando proceder a la extracción de dinero de las restantes cuentas por razones ajenas a su voluntad, ya que, un empleado municipal de la Guardia Urbana en la caseta ubicada en la Plaza San Martín, advirtió su accionar y dio aviso a personal policial que se constituyó en el lugar y procedió a realizar su aprehensión”.