Piden informes sobre anomalías en el cobro de infracciones viales

Un pedido de informes que ingresó en el Senado bonaerenses busca tener precisiones sobre el funcionamiento del sistema de los cinemómetros que se usan para labrar infracciones de tránsito. Se pretende un informe completo sobre la cantidad de actas, montos asignados en cada presunta infracción y otros detalles, es decir una auditoria tecnológica del sistema de fotomultas viales en la Provincia.

Tal como se informó en este diario, se habla de la presunta existencia de más de 650.000 actas irregulares, lo que podría constituir “una anomalía de magnitud. El sistema de fotomultas no solo tiene impacto en la política de seguridad vial, sino también en la economía de miles de bonaerenses que reciben sanciones económicas basadas en los registros generados por dicho sistema. Por ello, resulta imprescindible garantizar que funcione con estándares estrictos de control, transparencia y legalidad”, dice uno de los fundamentos de la iniciativa.

Vale recordar que, a finales de 2024, el por entonces ministro de Transporte debió dejar su cargo tras una serie de denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas.

Asimismo corresponde consignar que en febrero de 2025 la justicia federal ordenó allanar a once municipios bonaerenses por el escándalo que se había desatado por las fotomultas millonarias y el destino de esos fondos, sospechándose la existencia de una trama irregular en la percepción de montos abultados. Los procedimientos se concretaron en las municipalidades de La Matanza; Morón; General Pueyrredón; Roque Pérez; Junín; Olavarría; Zárate; General Rodríguez; 9 de Julio; San Isidro y San Martín.

En la investigación realizada entonces se mencionó la existencia de un convenio marco entre la Provincia (que se queda con un 20 por ciento de lo recaudado) y los Municipios, que distribuyen el excedente del 80 por ciento con las empresas que aportan la tecnología, el software y brindan el servicio.

“Generalmente las inconsistencias aparecen en la distribución de ese 80 por ciento, que corresponde al municipio y al proveedor de los servicios, en donde aparecen graves irregularidades en perjuicio de los municipios, siendo que es normal y habitual que el municipio perciba solo del 15 al 30 por ciento de cada infracción y el resto lo percibe la empresa prestataria y/o las Universidades”, dice la resolución judicial.

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Las empresas que manejan buena parte del mercado –se dijo además- obtendrían así cifras siderales producto de las infracciones viales. Se advirtió entonces que existían universidades interesadas en este sistema de percepción de multas, temiéndose que un gran perjudicado presupuestario pudiera ser el Estado, sin perjuicio de los malos manejos que recaerían en perjuicio de automovilistas por multas mal labradas.

Debe insistirse en la idea central que es que indisciplina vial debe ser combatida a todo trance, pero siempre bajo la aplicación de normas transparentes, que exigen certeza y razonabilidad en su vigencia. Si lo que existe, en cambio, es una oscura trama de intereses sectoriales, lo que corresponde es que la justicia intervenga y ponga las cosas en su lugar.