Causa ANDIS: definen sobre 29 nuevas indagatorias

El juez federal Ariel Lijo deberá resolver un pedido de 29 nuevas indagatorias en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El requerimiento fue presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes avanzan sobre una nueva línea de la causa que analiza maniobras de corrupción por más de $75.000 millones.

Además de las indagatorias, el magistrado también deberá decidir si hace lugar a un pedido de inhibición general de bienes que alcanza a un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, entre ellas varias empresas vinculadas a la provisión de insumos médicos.

Entre los investigados aparecen el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini, además de Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y más de una veintena de empresarios que, según la investigación, habrían participado en las maniobras.

La hipótesis de los fiscales sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionarios de la agencia habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo —conocidas como PACBI— para favorecer a determinadas empresas. A cambio, se habrían pagado sumas millonarias que luego retornaban a los funcionarios en forma de dádivas o retornos ilegales.

COMPRAS BAJO SOSPECHA

Las PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia) incluyen prótesis para amputaciones, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas o sillas de ruedas motorizadas, entre otros equipamientos médicos especializados.

Por tratarse de prestaciones destinadas a personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, generalmente en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica, estas compras eran gestionadas a través del Programa Incluir Salud.

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Los investigadores sospechan que ese programa habría sido utilizado como pantalla para montar un sistema de desvío de fondos públicos, que beneficiaba a proveedores previamente seleccionados.

Según la pesquisa judicial, durante meses la ANDIS habría funcionado como una estructura paralela de administración, utilizada para concentrar contrataciones en determinados proveedores mediante mecanismos que evitaban los principios de transparencia y competencia que rigen la contratación estatal.

De acuerdo con la acusación, los implicados contaban con información privilegiada para coordinar adjudicaciones y facilitar la cartelización entre empresas proveedoras.

Lijo asumió la causa como subrogante del Juzgado Federal N.º 11, luego de que el expediente estuviera a cargo del juez Sebastián Casanello. Cuando tomó el caso ya existían 19 procesamientos dictados en el marco de la investigación.

LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN

El expediente es llevado adelante por el fiscal federal Franco Picardi junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez.

En la investigación también colaboran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

Los 19 primeros procesados en la causa ya apelaron ante la Cámara Federal, que por estos días analiza los argumentos de las defensas. Los imputados cuestionan la acusación por presunta asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

Entre los procesados figuran los exfuncionarios Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno, además de los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán determinar si confirman o revocan los procesamientos dictados en primera instancia.