La polémica por la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación, que permitió que altos funcionarios del Gobierno y legisladores libertarios accedieran a préstamos de hasta 340.000 dólares -y a la menor tasa del mercado- obligó a la propia entidad a modificar una normativa clave.
Si bien no se trata de una trama delictiva per sé, las sospechas y denuncias opositoras apuntan a los cargos y contactos de los que se habrían valido los beneficiados para obtener los créditos. Por ejemplo, algunos ya tenían vivienda propia e incluso habrían utilizado los préstamos para comprar segundas o terceras propiedades, lo que generó un fuerte rechazo social.
El origen del conflicto se remonta a cambios realizados en 2024 en la reglamentación del Nación. En ese momento se incorporó un apartado que incluía explícitamente a “cargos políticos designados o electivos” dentro de los posibles beneficiarios de créditos.
Además, previamente se había flexibilizado otra condición: los préstamos ya no estaban limitados solo a la primera vivienda. Esto amplió aún más el acceso para funcionarios con alto poder adquisitivo.
Con el escándalo ya instalado y tras la difusión pública de los casos, el Banco estatal decidió dar marcha atrás y eliminó el párrafo que mencionaba a los funcionarios, dejando sin efecto la aclaración específica en la normativa.
Desde el Banco y el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que los créditos se otorgaron bajo las mismas condiciones que a cualquier cliente que cumpliera los requisitos.
Sin embargo, la polémica continúa. La oposición presentó pedidos de informes y pide que la Justicia investigue si hubo trato preferencial o tráfico de influencias.
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