La "letra chica" de los cambios en el Banco Nación por los créditos del escándalo

La polémica por la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación, que permitió que altos funcionarios del Gobierno y legisladores libertarios accedieran a préstamos de hasta 340.000 dólares -y a la menor tasa del mercado- obligó a la propia entidad a modificar una normativa clave.

Si bien no se trata de una trama delictiva per sé, las sospechas y denuncias opositoras apuntan a los cargos y contactos de los que se habrían valido los beneficiados para obtener los créditos. Por ejemplo, algunos ya tenían vivienda propia e incluso habrían utilizado los préstamos para comprar segundas o terceras propiedades, lo que generó un fuerte rechazo social.

El origen del conflicto se remonta a cambios realizados en 2024 en la reglamentación del Nación. En ese momento se incorporó un apartado que incluía explícitamente a “cargos políticos designados o electivos” dentro de los posibles beneficiarios de créditos.

Además, previamente se había flexibilizado otra condición: los préstamos ya no estaban limitados solo a la primera vivienda. Esto amplió aún más el acceso para funcionarios con alto poder adquisitivo.

Con el escándalo ya instalado y tras la difusión pública de los casos, el Banco estatal decidió dar marcha atrás y eliminó el párrafo que mencionaba a los funcionarios, dejando sin efecto la aclaración específica en la normativa.

Desde el Banco y el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que los créditos se otorgaron bajo las mismas condiciones que a cualquier cliente que cumpliera los requisitos.

Sin embargo, la polémica continúa. La oposición presentó pedidos de informes y pide que la Justicia investigue si hubo trato preferencial o tráfico de influencias.