Los intendentes se juntan, reclaman, y ganan cada vez más protagonismo

La crisis fiscal ya dejó de ser un problema silencioso para convertirse en una señal política difícil de eludir. En los últimos días, intendentes de capitales provinciales y de las principales ciudades del país, de distintos signos políticos, difundieron un documento en el que advierten sobre una situación crítica. Los gobernadores, casi en paralelo, alzan la voz en la misma dirección.

El diagnóstico es coincidente: caída de la actividad económica, menos consumo, pérdida de ingresos, aumento de la demanda social y crecientes dificultades para sostener el funcionamiento del Estado.

En el caso de los gobiernos locales, la advertencia es más directa. Se habla de una asfixia financiera que deja a las administraciones en situación muy complicada, incluso, para afrontar el pago de salarios.

Lo que también se hace cada vez más evidente. Es que los municipios absorbieron, desde hace tiempo, responsabilidades que antes correspondían a la Nación. Y por supuesto, sus competencias y atribuciones no han variado. Es decir, menos capacidad de respuesta para una realidad cada vez más compleja.

Así, cuando actores de distinto signo político describen el mismo problema, lo que subyace ya no es una disputa coyuntural, política o ideológica. Es la manifestación de un desajuste más profundo, el agotamiento de un sistema.

¿MÁS RECURSOS O CAMBIO ESTRUCTURAL?

En ese contexto, se instala una pregunta que incomoda: ¿alcanza con reclamar más recursos o lo que está en discusión es la necesidad de un cambio estructural en el sistema fiscal argentino? Algo de eso se manifestó en el comunicado que emitieron los intendentes en el encuentro de Paraná.

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Porque lo que muestran los hechos es una matriz que se repite. La Nación reduce transferencias, las provincias absorben el impacto, y los municipios, que son el primer contacto con la vida cotidiana de quienes habitan las ciudades, terminan soportando una presión insoportable frente a la capacidad de respuesta con la que cuentan.

Lo que está en juego ya no es solo cuánto se recauda en cada nivel del Estado, sino cómo se distribuyen las responsabilidades, las competencias y, en definitiva, el poder político en la argentina.

BUENOS AIRES, PUNTO CRÍTICO

Es, en ese marco, donde Buenos Aires adquiere una centralidad particular. Históricamente, la provincia ha sido uno de los territorios más perjudicados en el esquema de distribución nacional. Su peso económico y demográfico no tiene correlato en los recursos que recibe.

Esa tensión, conocida pero nunca saldada, vuelve a hacerse evidente en un contexto de retracción general.

Pero el problema no termina ahí. Porque ese desajuste que la provincia enfrenta con Nación, se reproduce en su vínculo con los municipios. Por eso es importante el pronunciamiento de los intendentes cuando advierten con claridad esta situación.

Los gobiernos locales gestionan agendas cada vez más complejas: asistencia social, ordenamiento urbano, regulación de nuevas formas de trabajo, movilidad y sostenimiento de servicios básicos en contextos adversos. Sin embargo, ese corrimiento de responsabilidades no fue acompañado por otros cambios que ayuden a asumirlas.

MUNICIPIOS, BAJO PRESIÓN

La consecuencia es un sistema que funciona en tensión permanente. O, como dijeron los intendentes en su comunicado, un país que “no funciona”.

En los municipios, la crisis se traduce en hechos concretos: menor recaudación, aumento de la demanda social y dificultades crecientes para sostener prestaciones básicas. En algunos casos, incluso, empiezan a aparecer problemas para afrontar los compromisos salariales.

A esto se suma una transformación más silenciosa pero igual de profunda. Las ciudades están cambiando. Se expanden, prolifera la la economía de plataformas, se reorganiza el trabajo, cambia la movilidad, y la vida urbana se transforma. Y los municipios deben ordenar esos procesos, esas nuevas agendas, con dispositivos de otros tiempos.

UNA RECONFIGURACIÓN EN MARCHA

En este escenario, los gobiernos locales no solo se juntan para advertir y reclamar. También empiezan a asumir un rol político más protagónico. Por un lado, defienden sus recursos, pero todavía más relevante, parecen estar dispuestos a discutir las reglas de juego.

En ese sentido, comienzan a registrarse movimientos, aunque tal vez incipientes, que apuntan a la necesidad de construir una dirigencia bonaerense con anclaje territorial, capaz de interpretar y defender los intereses de la provincia en toda su complejidad. ¿Una dirigencia bien bonaerense? ¿Intendentes con mayor audacia y volumen? ¿Movimientos transversales? Algo de eso estaría ocurriendo. Incluso, más de lo que se conoce.

No es un fenómeno completamente nuevo. La provincia ha tenido dificultades para consolidar una dirigencia propia. Su proximidad con el poder nacional y su heterogeneidad interna, han conspirado contra esa posibilidad.

Pero el momento actual introduce una novedad. La combinación de crisis fiscal, sobrecarga municipal y el proceso de transformación urbana, no solo expone los límites del sistema. También abre una oportunidad. Por ejemplo, la de empezar a discutir, sin rodeos, si el problema es solo de recursos o si lo que está en juego es una reconfiguración más profunda del esquema fiscal y político del país.

Porque cuando los municipios no pueden sostener su funcionamiento, lo que entra en crisis no es una gestión: es el sistema. Y todo indica que ese proceso ya empezó y toma impulso.