Procesan a la esposa de Sánchez por corrupción

La Justicia española dio ayer un paso clave en uno de los casos más sensibles que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez en España: el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción.

La decisión, adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, llega tras más de un año de investigación y deja a la imputada a un paso de sentarse en el banquillo.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN

El caso gira en torno a la creación y gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que Gómez codirigía. Según el magistrado, existen indicios de que ese espacio académico habría sido utilizado para impulsar intereses privados mediante el uso de recursos públicos y contactos institucionales. Por ello, se la acusa de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

En su resolución, el juez sostiene que las conductas investigadas no tienen precedentes recientes en la democracia española y lanza una crítica inusual al afirmar que prácticas de este tipo “parecen más propias de regímenes absolutistas”.

Con la instrucción ya cerrada, las partes tienen ahora un breve plazo para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral, que podría celebrarse ante un jurado popular.

EL ENTORNO BAJO INVESTIGACIÓN

La causa también alcanza a otras personas del entorno de Gómez, como su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, investigados por su presunta participación en las maniobras bajo sospecha.

En paralelo, el caso se suma a otras controversias que han salpicado al entorno del presidente, incluyendo una investigación contra su hermano, David Sánchez, y el reciente juicio al exministro José Luis Ábalos por supuestas comisiones ilegales.

Desde el Ejecutivo, Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa y enmarca el proceso en una ofensiva política de la oposición. Gómez, por su parte, ha negado cualquier irregularidad. Ambos se encuentran actualmente en China en visita oficial, mientras en España crece la presión política y mediática sobre un caso que podría tener importantes consecuencias institucionales.