Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno

No solo las propiedades sin declarar, los vuelos al exterior y la presunción de un crecimiento patrimonial que Manuel Adorni no podría justificar son investigados por la Justicia. En la mira también está la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, dueña de la consultora +Be y que habría resultado favorecida por el Gobierno con diversos contratos, entre ellos concesiones en el predio de Tecnópolis.

En este expediente, impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli buscan determinar si hubo irregularidades como direccionamiento o licitaciones amañadas para beneficiar a Angeletti.

La denuncia de Pagano sugiere una trama de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, a través de la consultora +Be, que “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.

Por ejemplo, se señalan lazos con National Shipping S.A., una naviera contratista de YPF que “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”, dice la acusación presentada en la Justicia.

MÁS SOSPECHAS

Además, la lupa está puesta en un proceso de contratación de 2025 para servicios de mensajería masiva adjudicado a la empresa ATX S.A. por 3.650.226.300 pesos.

Otro dato levanta sospechas: las tres compañías que participaron de esa compulsa (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) “tendrían vínculos entre sí”. Por ejemplo, el presidente de Area Tech “fue empleado del presidente de ATX hasta 2022, y varias de estas firmas compartían el mismo domicilio legal en Parque Patricios”, denunció Pagano.

La presentación sugiere que estas firmas habrían actuado de manera coordinada para generar una “apariencia de pluralidad en la licitación cuando, en realidad, podrían formar parte de un mismo entramado empresarial”. La Justicia busca dilucidar si lo que se montó fue una posible simulación de competencia y si además hubo sobreprecios.

Sobre la concesión de Tecnópolis por 25 años -un negocio valuado en unos 183,3 millones de pesos-, la denuncia advierte que este proceso es gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que “depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Adorni”. Y apunta a los vínculos entre el funcionario y empresas como la de su esposa para beneficiarse con estos contratos.

Fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito son los posibles delitos que estudia el juez y por los que el fiscal Stornelli resolvió impulsar una serie de medidas de prueba.

Entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público pidió toda la documentación relativa a las contrataciones tecnológicas y de servicios de comunicación del Estado Nacional, para analizar los pagos por envíos de SMS masivos, soporte de software y la explotación comercial de predios públicos como Tecnópolis.

OMISIÓN

Por otro lado, trascendió ayer que Adorni omitió declarar en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) la casa del country de Exaltación de la Cruz que está a nombre de su mujer, que adquirió el 15 de noviembre de 2024 y que fue pagado en gran parte con un préstamo de 100.000 dólares que le hicieron dos mujeres.

Según se supo, el jefe de Gabinete dio cuenta de ese inmueble este mes, cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le solicitara a la OA la totalidad de lo presentado por Adorni.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar sus bienes y los de su cónyuge. Adorni podría podría alegar que rectificó su declaración para agregar lo que no había informado. De todas maneras, se prevé que esta omisión será tenida en cuenta en la causa que lo investiga.