Uruguay dio un paso histórico al poner en vigencia la ley de eutanasia, una norma que regula el derecho a una muerte digna en situaciones extremas. El presidente Yamandú Orsi firmó ayer el decreto reglamentario que habilita su aplicación, tras meses de debate político y social que marcaron un cambio profundo en la forma de abordar el final de la vida.
La legislación, aprobada en el Senado en octubre de 2025, establece que podrán acceder a este derecho las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles en fase terminal. El objetivo es claro: permitir que quienes atraviesan sufrimientos insoportables puedan decidir, bajo estrictas condiciones, poner fin a su vida de manera indolora y respetuosa.
El procedimiento no es inmediato ni automático. El paciente deberá solicitarlo de forma expresa ante un médico, quien evaluará su estado y confirmará que la decisión sea libre, consciente y sostenida en el tiempo. Luego intervendrá un segundo profesional para validar el diagnóstico y el proceso. Solo si ambas instancias coinciden, se avanzará hacia la práctica.
Además, la persona deberá ratificar su voluntad por escrito ante testigos, garantizando así la transparencia y evitando cualquier tipo de presión externa. La ley también contempla la objeción de conciencia para médicos y personal de salud, aunque obliga a las instituciones a asegurar que el servicio esté disponible.
Orsi destacó que la dignidad humana debe estar en el centro de estas decisiones, y recordó que el país también fortaleció recientemente los cuidados paliativos. Con esta normativa, Uruguay se suma al reducido grupo de naciones que regulan la eutanasia, en un debate que sigue generando posturas encontradas en todo el mundo.
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