¿Quién se ocupa de la relación entre el delito, la droga y los menores?

Cuando los padres de un menor de edad que cometió algún delito se hacen cargo del problema pero, al mismo tiempo, admiten que no pueden hacer nada por su hijo -“roba porque no para de drogarse”- ¿cuál es el organismo público que se interesa y toma cartas en el asunto? ¿Es una dependencia del Ejecutivo, es algún organismo de la Justicia? ¿Quién actúa de oficio, sin necesidad de que existan una denuncia previa y un expediente en trámite?

Hay una respuesta silenciosa para estos interrogantes. Los únicos que vinieron interviniendo frente a estas ocasiones fueron y son los delincuentes adultos, que aprovechan el principio de la inimputabilidad penal de los menores y por consiguiente los incorporaron a las bandas autoras de delitos pesados, algo que derivó en el crecimiento de la presencia juvenil en la actividad delictiva. El acceso de los jóvenes al consumo –primero de alcohol, luego de marihuana y finalmente a las drogas pesadas- es el combustible que hace funcionar a este penoso fenómeno.

El universo de la minoridad, en las últimas tres o cuatro décadas, ingresó en una suerte de invisibilización del menor conflictivo -los especialistas también hablan de “desjudicialización”- que se tradujo en el fenómeno de la puerta giratoria, con menores que delinquen, son detenidos y de inmediato quedan en libertad. Al mismo tiempo, también sufrió desmedro el sistema de tutelaje asistencial de los menores.

Para ejemplificar con el ámbito provincial, basta recordar que hasta hace algo más de dos décadas se sucedían las resoluciones de la Suprema Corte bonaerense exhortando a los organismos del Ejecutivo con incumbencia el tema a que se atendiera a la minoridad con problemas de conducta y que se controlara el funcionamiento de muchos institutos de seguridad, por las frecuentes motines y deficiencias que exhibían. En esa época no faltaron especialistas en el tema, que hacían públicas las irregularidades y reclamos por las graves deficiencias del sistema en la Provincia. Todo eso también se diluyó. Y muchos menores siguieron el doble camino de la droga y del delito.

¿Quién rastrea en las noches a los menores que cometen delitos, a los que son víctimas del narcotráfico, a los que salen a robar armados, algunos solos, otros en banda y con su poca edad incitados por organizaciones criminales? ¿Quién se ocupa de contenerlos y reeducarlos? ¿Qué oficina habla de continuo con los padres de estos menores? ¿Qué funcionario ejecutivo o judicial recorre las calles y trata de combatir este flagelo?

Se habla de pre-adolescentes o jóvenes con homicidios sobre sus espaldas, robos a mano armada y otros episodios violentos, con sus cerebros atravesados por las adicciones y desesperados por el consumo. Nuestra sociedad no puede cerrar los ojos ante la realidad y el desafío que plantean estos chicos, muchos de ellos casi niños, que usan armas peligrosas, asaltan, hieren y llegan a matar. Y que, en oportunidades, son capturados y minutos después se encuentran en la calle, sometidos al abandono absoluto, al dominio de la droga y al nocivo estímulo de volver a delinquir.

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El Estado dispone de suficientes recursos humanos y materiales como para dar la batalla en el lugar donde corresponde darla, sin dejar de asistir también a padres que son conscientes del problema que viven sus hijos y que lamentan los daños que ellos causan, pero que no encuentran la forma para evitarlo. El Estado conoce de sobra cual es la relación entre el delito, la droga y los jóvenes. Y lo único que tiene que hacer es comprometerse y actuar.