Protocolos y controles para frenar las amenazas

Comienza una nueva semana escolar con todas las alarmas encendidas tras la seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la Región, que provocó la preocupación de autoridades, docentes y familias. Con un protocolo ya activo y órdenes claras sobre cómo actuar ante estas situaciones, los alumnos vuelven a las aulas este lunes con una advertencia contundente: el llamado “reto viral” no es un juego y puede derivar en graves consecuencias legales.

En ese contexto, los investigadores judiciales que intervienen en la causa avanzaron con medidas concretas y elevaron al Ministerio de Seguridad un esquema de actuación para responder con mayor rapidez ante nuevos episodios. La decisión surge luego de que, en apenas una semana, se acumularan cerca de 50 denuncias con características similares: mensajes intimidatorios escritos dentro de los colegios o difundidos a través de redes sociales.

De acuerdo a lo establecido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, cada amenaza deberá ser abordada de inmediato mediante la apertura de actuaciones judiciales. Además, se fijó un plazo máximo de seis horas para realizar las primeras pericias que permitan esclarecer lo ocurrido. Entre las medidas previstas se incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de dispositivos electrónicos y la recolección de pruebas en los establecimientos.

Al mismo tiempo, se dispuso reforzar la presencia policial en los accesos a las escuelas y agilizar la remisión de las actuaciones a las áreas investigativas, con el objetivo de profundizar cada caso. La premisa es clara: identificar con rapidez a los responsables y desalentar la reiteración de este tipo de conductas.

Desde el inicio de la investigación, el fiscal fue enfático: no importa si se trata de amenazas reales o de mensajes difundidos como parte de un desafío en redes sociales, quienes los emiten incurren en el delito de intimidación pública. Y, como tal, están expuestos a las sanciones previstas por la ley.

Pero no todo quedó en una simple broma. En los últimos días se registraron episodios que elevaron el nivel de preocupación dentro de la comunidad educativa. Uno de los casos más sensibles ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de Luján, ubicado en 59 entre 3 y 4, donde un alumno de quinto año habría llevado un arma al establecimiento. Según las primeras versiones, se trataría de una pistola de aire comprimido, aunque también se mencionó la posibilidad de un revólver de juguete. La situación fue advertida por compañeros y derivó en la rápida intervención de las autoridades: desde la dirección convocaron a la familia y el joven fue trasladado a una comisaría junto a sus padres. La causa quedó encuadrada como intimidación pública, aunque aún se intenta determinar si el hecho estuvo vinculado al denominado “reto viral” o respondió a otra motivación.

En paralelo, en la localidad de Olmos, dos estudiantes del Colegio Emanuel —ubicado en 200 entre 40 y 41— fueron allanados tras la difusión de amenazas en redes sociales que generaron alarma entre los alumnos. La investigación se inició a partir de un mensaje que circuló acompañado por imágenes de objetos similares a armas y una advertencia directa: “Mis armas. Los espero mañana”. A esto se sumaron pintadas dentro del establecimiento que anticipaban un supuesto ataque. En los procedimientos, la Policía secuestró réplicas de armas, municiones y otros elementos, en el marco de otra causa por intimidación pública que sigue en curso.