El escándalo de una “pyme delictiva” en la Unidad 9

El hallazgo realizado por la Justicia penal en la Unidad 9 de La Plata de una suerte de “pymes” delictiva, que explotaban los propios prisioneros, pone a la vista, cuanto menos, un marcado desinterés de los jefes y personal de esa cárcel por el mínimo control que debieron haber ejercido y obliga a las autoridades provinciales a esclarecer a fondo semejante escándalo.

Se habla de un peligroso “polirrubro” ilícito que incluía la presencia y comercialización de drogas, la existencia de una suerte de “call center” ilícito supuestamente dedicado a organizar acciones delictivas en el exterior del penal, la venta de alimentos y otros productos, así como la explotación de una peluquería por parte de un grupo de detenidos y hasta la existencia de un sauna para presos “prestigiosos”..

La investigación impulsada por la UFI 7 de nuestra ciudad sorprendió por la cantidad y peligrosidad potencial de los elementos incautados. Se retiraron más de cien teléfonos celulares y computadoras portátiles, equipos de conexión a Internet, routers y amplificadores de señal, consolas de videojuegos de última generación, como PlayStation 4 y 5, dispositivos de almacenamiento de datos y grandes cantidades de cigarrillos y productos destinados a la venta informal.

La acción contó con el aval del Juzgado de Garantías N° 5. En el acta oficial se mencionó la participación de funcionarios judiciales, efectivos de la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron una inspección minuciosa, celda por celda.

Tal como se detalló en el informe publicado en este diario, la investigación penal se originó tras la sospecha de irregularidades en el manejo de los insumos básicos.

Según los datos que maneja la fiscalía, una parte de los alimentos y suministros que eran del Servicio Penitenciario y que debían recibir todos los internos, era interceptada antes de su entrega y luego comercializada.

La venta que realizaba un grupo de presos al resto de los detenidos abarcaba la existencia de una rotisería y una repostería, donde concretaban la venta diaria de pizzas (a 17 mil pesos), gaseosas (a 25 mil pesos), sándwiches de milanesa (a 16 mil pesos), tortas y pastafrola (a 9 mil pesos).

Se pudo conocer, el pabellón habría contado con múltiples routers wifi distribuidos en celdas estratégicas. Estos dispositivos brindaban conexión a teléfonos no registrados para operar el mencionado “call center” dedicado a estafas electrónicas. El acceso a esta red se alquilaba a otros internos por sumas de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.

El cuerpo de leyes nacionales y provinciales establece principios para regular el funcionamiento de las cárceles y el tratamiento a los presos, pero en este caso de la Unidad 9 se habrían visto burladas todas esas normas.

Existen además resoluciones administrativas del organismo carcelario que apuntan a reglamentar esos principios. Pero no se trata solo de que se respeten los mandatos legales y reglamentarios, sino, concretamente, de reeducar en forma cotidiana a los prisioneros y y de resguardar a una sociedad hostigada por muchos delincuentes que operan afuera de las cárceles y, por lo visto aquí, también desde adentro.