Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica

La Suprema Corte bonaerense presentó ayer un proyecto de ley que girará a la Legislatura para contar con autonomía presupuestaria y financiera. Fue en el marco de un acto del que participaron el procurador general, Julio Conte Grand, asociaciones de letrados y representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia. En ese contexto, el Máximo Tribunal envió un enfático reclamo a los poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses para que se completen los cuatro cargos vacantes, que dificultan la impartición de justicia en el ámbito de la Provincia.

La presentación del denominado “Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial” estuvo a cargo del presidente de la Corte, Sergio Torres, en compañía de su vicepresidente, Daniel Soria, de la ministra Hilda Kogan y del Procurador General.

Ante el auditorio, Torres exhortó al resto de los Poderes de la Provincia a que inicien el proceso para la cobertura de las vacantes del Tribunal, que es de siete miembros y se encuentra funcionando tan solo con tres, desde hace seis años, cuando renunció Luis Genoud.

Además, señaló que si bien en 2025 se cubrieron 412 vacantes para la administración de justicia y el ministerio público, aún quedan pendientes otras 200. Y definió: “Postergar las designaciones es limitar el fortalecimiento”.

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA

En ese marco, y ante un auditorio integrado por jueces de Casación y camaristas de los distintos fueros, además de presidentes de colegios de magistrados y el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), gremio que representa a los trabajadores del sector, anunció el envío a la Legislatura del proyecto para la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial bonaerense.

Al fundamentar la iniciativa, Torres dijo que “no hay independencia judicial posible sin autarquía económica” y remarcó el consenso entre los distintos sectores de la Justicia provincial para su impulso.

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Recordó que la Justicia recibe entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del presupuesto total de la Provincia y que su influencia ha sido descendente con los años. “El Poder Judicial no recibe plenamente su recursos ni los controla”, dijo, sumado a las “brechas significativas que existen con el Poder Judicial de la Nación”.

Con este esquema de funcionamiento, dijo Torres, “la estructura judicial se vuelve rígida y con falta de herramientas para gestionar sus recursos. Su autarquía propiciaría su autonomía sin subordinaciones indebidas, elaborando su propio presupuesto y con capacidad real para administrarlo”.

Además, permitiría la “planificación de politicas públicas en materia judicial”, y estaría acompañada por una ley marco de negociaciones colectivas para el Poder Judicial. En ese contexto, y pidiendo el acompañamiento de la Legislatura, remarcó: “No hay independencia real sin autonomía financiera”.

El presidente de la Corte destacó que el proyecto reúne el consenso de la propia Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (Cmfbsas), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Así, Matías Rappazo, presidente del Cmfbsas, la titular de la Comisión de Funcionarios de dicha entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (Colproba), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo, también rubricaron el proyecto presentado ante la Legislatura, que cuenta con 41 artículos, en un esquema que instituye el “régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial, para lo que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independencia y eficacia”, contemplando, además, un capítulo que regula la negociación salarial del sector.