Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado

Luego de que la Suprema Corte bonaerense presentara ayer un proyecto para declarar la autarquía económico financiera del Poder Judicial, desde la Legislatura bonaerense salieron a pedir el tratamiento de un proyecto de ley en ese sentido que ya había sido presentado el año pasado.

Fue el diputado radical Valentín Miranda, autor de la iniciativa, quien fundamentó que el impulso de la autarquía busca “saldar una deuda histórica con la división de poderes”.

El proyecto propone la autarquía financiera y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para garantizar que deje de depender de las partidas discrecionales del Poder Ejecutivo para su funcionamiento diario.

Y establece que la Suprema Corte de Justicia, con la participación del Ministerio Público, sea la encargada de elaborar su propio presupuesto. Una vez redactado, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al Presupuesto General de la Provincia sin modificaciones.

El texto prevé también que, para evitar el desfinanciamiento, se diagrame un esquema de goteo automático y que el Banco Provincia deberá transferir mensualmente a las cuentas judiciales el equivalente al 8,95% de los recursos de origen provincial y nacional que perciba.

La iniciativa del legislador radical establece que, para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente, se cree el “Sistema de Programación y Armonización Financiera”, un comité integrado por representantes de la Corte y del Ejecutivo que auditará las cuentas y verificará que los porcentajes se cumplan. Atiende, por otra parte, el déficit edilicio y por eso propone la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura Judicial. Este fondo se nutrirá, entre otros recursos, de una parte de la renta de los depósitos judiciales que hoy maneja el Banco Provincia, destinando ese dinero exclusivamente a la construcción y mantenimiento de tribunales.

Como publicó EL DIA en su edición de ayer, el Máximo Tribunal anunció el envío de un proyecto propio a la Legislatura para crear la autarquía del Poder Judicial bonaerense, incrementando su independencia del Ejecutivo, además de reclamar el nombramiento de los cuatro lugares vacantes que mantiene desde hace seis años.