Allanaron el Autódromo Mouras de La Plata mientras se disputaban carreras oficiales

Un importante operativo federal se desplegó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata durante una jornada automovilística, en el marco de una investigación judicial que involucra a Hugo Mazzacane, histórico dirigente del Turismo Carretera. El procedimiento fue realizado mientras se desarrollaban competencias oficiales y generó sorpresa entre equipos, trabajadores y público presente.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, que ingresaron al predio por orden judicial vinculada a presuntas irregularidades administrativas y de habilitación del circuito. Entre 50 y 70 agentes participaron del despliegue, que incluyó inspecciones y recopilación de documentación dentro del complejo deportivo.

Las actuaciones se inscriben dentro de una serie de medidas judiciales que vienen llevándose adelante desde fines de 2025 y que ya habían alcanzado a dependencias relacionadas con la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). En ese contexto, tanto Hugo Mazzacane como su hijo Gastón fueron procesados en una causa federal vinculada a delitos económicos y presuntas maniobras contra el fisco.

Según la investigación impulsada por la Justicia Federal de La Plata, se analizan inconsistencias fiscales registradas entre 2021 y 2024 y un presunto esquema destinado a dificultar el cobro de obligaciones tributarias mediante movimientos societarios y patrimoniales. La causa incluyó embargos millonarios, cuentas bancarias bajo análisis y bienes sujetos a medidas judiciales.

La otra causa que complica a Mazzacane

En paralelo, avanza un expediente vinculado a la firma Quilmes Tolosa S.A., donde la Justicia investiga supuestas maniobras de evasión impositiva e insolvencia fiscal fraudulenta. En las últimas horas se realizaron allanamientos adicionales con participación de fuerzas federales, que secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

De acuerdo con fuentes judiciales, el presunto perjuicio económico al Estado rondaría los 4.000 millones de pesos. El expediente analiza transferencias patrimoniales, operatorias comerciales y posibles mecanismos de ocultamiento de activos. Si bien el avance de las investigaciones generó fuerte repercusión en el ámbito del automovilismo nacional, desde tribunales remarcan que la causa continúa en etapa investigativa y que, por el momento, no existe condena firme contra los involucrados.