Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta

Germán López

Aunque para las presidenciales de 2027 falta una eternidad, los acontecimientos de las últimas semanas despertaron las ambiciones de varios dirigentes que aprovecharon para empezar a testear su condición de candidatos. La larga peripecia del caso Adorni y la crisis del plan económico -erosionado por los datos de empleo, consumo y actividad- mostraron a un Gobierno vulnerable, mientras que la Marcha Universitaria volvió a poner en la calle la protesta social. En ese contexto, el dato de la inflación de abril trajo algo de alivio a un Ejecutivo debilitado.

En el oficialismo, Patricia Bullrich incrementó su protagonismo luego de marcarle la cancha al propio Presidente -y a su hermana- una semana atrás, cuando exigió que Manuel Adorni adelantara su declaración jurada. La senadora exhibió sin demasiadas sutilezas su intención de convertirse en una alternativa si a Javier Milei le fallan los cálculos. Las encuestas muestran hoy un descenso en la aceptación presidencial y, al mismo tiempo, le otorgan a Bullrich un crédito político razonable.

Por si esa jugada no prosperara, Bullrich ya tendría listo un plan B: disputar la jefatura de Gobierno porteña. La caída en desgracia de Adorni -cada vez más arrinconado por revelaciones sobre su crecimiento patrimonial- le despeja el escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires. En un video cuidadosamente editado, Bullrich desafió a Jorge Macri al exhibir el deterioro de la red de subtes porteña y compararla con la de Santiago de Chile, que duplica en extensión y cantidad de pasajeros a la de Buenos Aires.

LA MOVIDA DE MAURICIO MACRI

Mientras tanto, Mauricio Macri avanza con su proyecto “Próximo Paso”, con el que busca reposicionarse como una versión más moderada y previsible del espacio que gobierna. Dice que no quiere ser candidato, pero mira con atención la evolución del “operativo clamor” para que sí lo sea.

En la oposición, la irrupción del senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, lanzando formalmente su precandidatura presidencial para 2027, sacudió el tablero político. También hubo allí un desafío al statu quo: el sanjuanino sostuvo que “ni Axel Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural”.

Uñac introdujo además una novedad dentro del peronismo que permite inferir hacia qué electorado apunta su propuesta. Sostuvo que el equilibrio fiscal ya no es discutible para la sociedad y que debe transformarse en una bandera del peronismo. También cuestionó la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, un planteo que anticipa futuros cruces con Kicillof. El eje Interior versus provincia de Buenos Aires trae el recuerdo de una célebre interna: Antonio Cafiero versus Carlos Menem, en 1988. El tiempo dirá cuánto volumen logra Uñac en la carrera presidencial, pero su irrupción ya refleja la intensidad que empieza a adquirir la disputa por 2027.

El bloque de Parque Norte -integrado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel- también reivindica el orden macroeconómico como condición para el desarrollo. Lo mismo hacen los “peronistas republicanos” Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó. La incógnita es si se trata de señales de un verdadero reformateo del peronismo o apenas de un cambio cosmético para adaptarse al discurso de época.

EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Más allá de la “contaminación” política que denunció el Gobierno en la 4ª Marcha Federal Universitaria por la presencia de columnas de la Confederación General del Trabajo y de organizaciones partidarias, el debate sobre el financiamiento educativo volvió a instalarse con fuerza. El Gobierno advirtió sobre el impacto fiscal que tendría la aplicación de la ley, cuyo costo es estimado entre $2,5 y $3,6 billones, y sostuvo que podría afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, el argumento de la “restricción presupuestaria” pierde fuerza cuando están en juego derechos fundamentales como la educación. Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, cuestiona medidas recientes como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales aprobada en 2024 a impulso del Poder Ejecutivo, la cual implicó una caída de la recaudación equivalente a unos $5 billones en dos años.

El informe también advierte sobre la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales. Entre 2023 y 2025, el gasto real cayó 29%, hasta alcanzar el nivel más bajo desde 2006. El financiamiento por estudiante descendió a $2,4 millones, el menor registro desde al menos 2004, mientras que los salarios docentes sufrieron un fuerte deterioro: en marzo de 2026, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva cobraba un 25% menos, en términos reales, que tres años antes.

En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó frente a una decisión incómoda. Resolver el conflicto universitario implicará no sólo pronunciarse sobre recursos y derechos, sino también asumir el costo político de intervenir -o demorar- en una disputa que pondría en riesgo un pilar de la economía oficialista.