El hermano de Adorni sumó otros $21 millones a su declaración

Corrigió su información patrimonial y dijo que pertenecen a una herencia. Cambios en la casa de City Bell y con un préstamo

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Luego de que le abrieran una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Francisco Adorni rectificó su declaración jurada y sumó bienes que figuraban en versiones anteriores. El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) por La Plata y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni (al que también investiga la Justicia), ahora agregó una herencia de $21 millones que figura como “dinero efectivo en el país” -aunque no precisa su origen-, junto con modificaciones en la valuación de su propiedad en City Bell y en los números de su deuda hipotecaria con el Banco Provincia.

Uno de los puntos más llamativos es la variación de la deuda. En su declaración anterior, el hermano menor del funcionario libertario había consignado que el préstamo hipotecario bajó de $130 millones a $57 millones durante 2025, lo que implicaría una cancelación de $73 millones que, según fuentes judiciales, no podría justificar con sus ingresos. En la documentación corregida declaró que al inicio de 2025 debía $45 millones —en lugar de $130 millones— y que al cierre del año la cifra ascendió a $57 millones, es decir, un aumento de $12 millones.

Desde su entorno explicaron que se trata de un crédito UVA y que el incremento en pesos responde a la actualización por inflación.

La rectificación también incluyó cambios en la valuación de su casa en City Bell, un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%, que ahora declaró en $67.500.000, cuando en 2024 había informado solo $38.790.000.

EL EJE DE LA CAUSA

Contador, vecino de City Bell y diputado por LLA en la Legislatura bonaerense, Francisco Adorni también se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa del gobierno de Javier Milei y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

Esa doble condición —funcionario del Ejecutivo nacional y legislador provincial— es precisamente la que puso su patrimonio bajo la lupa. A partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagaona, quedó imputado en una causa que instruyen el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, quien ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

El expediente, cabe aclarar, corre por una vía separada al caso de Manuel Adorni, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Aunque sobre ambos pesa la sospecha de un incremento patrimonial no justificado desde los inicios de la gestión libertaria, en diciembre de 2023.

Qué dice la defensa

Frente al avance judicial, el abogado de Francisco Adorni, Marcelo Peña, salió a relativizar el peso de la causa, al sostener que las modificaciones en las declaraciones juradas responden a “un error circunstancial, una inconsistencia, que de por sí no constituye delito”, mientras aseguró que la situación ya fue regularizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Aclaró también que su cliente nunca fue imputado y que se presentó ante los organismos correspondientes de manera espontánea. Sobre el patrimonio de su defendido, insistió: “Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. No tengo dudas que la causa va a ser desestimada”.

El abogado platense además cuestionó la presentación de Pagano: “Es una denuncia abarcativa, con figuras penales inexistentes. Es todo en forma hipotética, generalizada y presunta. Si se tienen herramientas suficientes para pedir que se investigue, se debe acompañar con una prueba documental suficiente. En este caso no existen los delitos de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos”.

No obstante, fuentes al tanto del expediente señalaron que, lejos de eximirlo, la rectificación abonaría la hipótesis de las inconsistencias en el patrimonio del menor de los Adorni.

Para esclarecer el caso, la Justicia le solicitó a ARCA información fiscal desde 2020. Al Banco Central se le requirieron datos sobre cuentas, transferencias, depósitos, retiros en efectivo, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Otro de los ejes apunta a cuentas de inversión en el mercado de capitales aparentemente sin declarar.

 

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