Finalmente, el Gobierno logró lo que hasta ayer parecía un imposible. Consiguió hacer caer la sesión prevista para hoy en el Senado y con ello postergar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una iniciativa que impulsaba el kirchnerismo con el acuerdo de la oposición dialoguista. El ministro consiguió así una bocanada de oxígeno político, pero el mensaje que circuló en el Congreso fue más crudo que el acuerdo formal: el Ejecutivo tiene una semana para resolver una salida ordenada del funcionario al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito. De lo contrario, el jueves 25 la Cámara Alta votará un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio, mismo día que Adorni debería presentar su informe de gestión. Si sus explicaciones no convencen a los senadores, sigue la moción de censura y la posibilidad concreta de removerlo.
Paradójicamente, la artífice del acuerdo fue Patricia Bullrich, la titular del bloque libertario en el Senado que semanas atrás había fulminado públicamente al exvocero con una frase que sacudió la interna oficialista.
“Esto es más que un error, es una omisión ética”, disparó entonces la misma dirigente que después se sentaría a negociar durante tensas horas con los bloques dialoguistas para postergar la sesión que podría haber avanzado en la destitución.
“Se acordó sesionar el próximo jueves 25 para tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación para el 2 de julio”, confirmó Bullrich al termino de la reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidió postergar por siete días la sesión.
La resolución fue adoptada por los jefes de todos los bloques al cabo de tensas conversaciones que mantuvo la senadora libertaria con los líderes de las bancadas aliadas entre el martes y el miércoles.
De las reuniones con la exministra que derivaron en el posterior acuerdo participaron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza).
También estuvieron los jefes de los bloques de Pro, Martín Goerling (Pro-Misiones); de Provincias Unidas, el peronista Carlos Espínola (Corrientes), y de Convicción Federal, Carolina Moisés (PJ-Jujuy); la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz; y los provinciales Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).
Ya en el encuentro de Labor Parlamentaria, que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel, Bullrich desplegó sobre la mesa la propuesta acordada con la oposición dialoguista y que fue la que se terminó imponiendo.
En minoría, el kirchnerismo aceptó que había perdido, que los números no les daban para forzar la apertura del recinto y que Adorni había conseguido comprar tiempo. Al respecto, el titular del espacio, José Mayans (Formosa) advirtió que “se llegó a un acuerdo para pedir la interpelación, pero nosotros vamos a pedir la moción de censura porque (Adorni) ha incurrido en varios delitos”.
Además, le restó importancia al informe sobre la marcha del Gobierno que el funcionario debería dar ese mismo 2 de julio: “Tiene que venir, pero para responder preguntas sobre su enriquecimiento ilícito”, sentenció el senador.
SIN ANTECEDENTES
Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, se necesita el voto de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara (37 senadores y 129 diputados) para destituir a un jefe de Gabinete.
Como no hay antecedentes en la historia argentina, en la Labor los jefes de bloque coincidieron en interpretar que el artículo 101 es “operativo”. Ese aspecto es meramente técnico, pero resulta clave porque significa que el proyecto de interpelación no requiere pasar por comisiones para tener dictamen ni necesita dos tercios, sino que se vota en el recinto y se aprueba con mayoría absoluta de 37.
Los números no favorecen al oficialismo. Entre opositores y aliados hay más de 40 senadores dispuestos a votar la interpelación al funcionario, con chances reales de removerlo si sus respuestas no resultan convicentes. Ese número supera holgadamente los 37 votos necesarios para sesionar y aprobar con mayoría absoluta. En ese bloque están el PRO, la UCR, peronistas federales y senadores provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo y la salteña Flavia Royón
Si el Gobierno no lo echa antes, la oposición prevé avanzar con su eventual remoción
La situación de Adorni viene deteriorándose desde principios de marzo, cuando se reveló que había llevado a su esposa en el avión presidencial durante una visita de Milei a Nueva York. Desde entonces acumuló causas por un viaje privado a Punta del Este y por la compra y refacción de propiedades. Luego, cuando se probó que había pagado gran parte de esos gastos con dólares en efectivo, tuvo que rectificar sus declaraciones juradas e intentar justificar el origen del dinero alegando ganancias con criptomonedas entre 2013 y 2018. Por todo eso lo investiga la Justicia
El costo político del caso impacta también sobre la agenda legislativa de un Gobierno paralizado y que ayer consiguió un respiro que se extingue en una semana.
SUSCRIBITE a esta promo especial