El caso de la jueza María Verónica Michelli, vetada por el Gobierno después de que su pliego fuera enviado al Senado, ilustra con precisión el grado de hostilidad que la administración de Javier Milei exhibe hacia la prensa.
Todo parece haber sido el resultado de una sucesión de errores. El primero ocurrió cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsó la candidatura de Michelli para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata sin advertir que su nombre generaba resistencias en la Casa Rosada.
El segundo se produjo cuando, desde las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, advirtieron su inclusión entre los postulantes y ordenaron retirar la nominación. La decisión dejó al descubierto un criterio tan singular como preocupante: el parentesco político con un periodista crítico del Gobierno puede convertirse en una causal de exclusión más relevante que cualquier antecedente profesional.
Hasta que el Poder Ejecutivo decidió retirar su pliego, el recorrido de Michelli en el Senado era impecable. Su candidatura había recibido una valoración positiva y prácticamente unánime. Contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, había superado sin sobresaltos la audiencia pública obligatoria y atravesado el período de impugnaciones sin observaciones de organizaciones civiles ni de los bloques legislativos. Ningún senador cuestionó su idoneidad.
Su único “pecado” parece haber sido ser cuñada de Hugo Alconada Mon, un periodista que investiga asuntos incómodos para el Gobierno, entre ellos el caso $LIBRA.
UN PROBLEMA POLÍTICO
Lo que comenzó como una decisión discrecional terminó convirtiéndose en un problema político. Porque, como suele ocurrir con las arbitrariedades, la explicación oficial se fue debilitando a medida que quedaban expuestas las verdaderas motivaciones. Y cuanto más intentó justificarse el veto, más evidente se volvió la mezquindad que lo inspiró: el deseo de revancha.
Leal tuvo cargos relevantes en la gestión de Alberto Fernández y en la de Javier Milei
Las consecuencias no tardaron en aparecer. Patricia Bullrich cuestionó la decisión por razones de conciencia institucional y puso a disposición del Presidente su renuncia a la jefatura del bloque oficialista, aunque finalmente fue rechazada.
Al convertir una decisión administrativa en una represalia de apariencia personal, el Gobierno terminó exponiendo algo más que arbitrariedad: una llamativa incapacidad para medir costos políticos. Abrir un frente de conflicto con aliados estratégicos por un cargo judicial relativamente menor revela un problema de prioridades y, sobre todo, de cálculo.
La reacción de los aliados no se hizo esperar. El PRO, la casi totalidad de los senadores de la UCR e incluso legisladores cercanos al oficialismo adelantaron que no acompañarían el retiro del pliego. Entre votos a favor, ausencias y abstenciones, el pliego de Michelli finalmente fue aprobado por amplia mayoría (44 a 18) en la sesión del jueves. Una derrota evitable para Javier Milei, al que sólo le queda congelar su designación no firmando el decreto de nombramiento.
La iNTOLERANCIA Y EL ESCÁNDALO DE LEAL
“NOLSALP” (“No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”), suele repetir Milei en sus posteos más agresivos. Es posible que el episodio Michelli termine siendo una demostración práctica de que el odio puede costar muy caro.
Ese clima de intolerancia coincide, además, con otro problema para el oficialismo. Mientras dedica energía a ajustar cuentas con adversarios reales o imaginarios, surgen fuertes cuestionamientos sobre figuras que ocupan nichos de poder en distintas administraciones.
En los últimos días cobró relevancia el caso de Facundo Leal, exfuncionario de empresas estatales de telecomunicaciones, transporte y control aeroportuario. Hoy se encuentra detenido en el marco de una investigación que incluye el presunto robo de equipamiento tecnológico de la Red Federal de Fibra Óptica, lavado de activos, espionaje ilegal e infracciones vinculadas a estupefacientes.
La investigación conjunta del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez comenzó formalmente en enero de 2024.
Leal ocupó posiciones relevantes tanto durante la gestión de Alberto Fernández como bajo la administración de Milei. En su caso, la ubicuidad parece haber sido una cualidad más determinante que cualquier especialización técnica. Sus vínculos con distintos espacios de poder -desde Sergio Massa hasta José Luis Manzano- forman parte de una trayectoria tan extensa como llamativa.
La pregunta ya no es cómo llegó a esos lugares, sino cómo logró conservarlos atravesando cambios políticos tan profundos. Y esa es una pregunta cuya respuesta probablemente conduzca bastante más cerca del corazón del poder de lo que el Gobierno estaría dispuesto a admitir.
Hay algo revelador en esta historia. La misma administración que considera objetable el parentesco de una jueza con un periodista que le resulta incómodo, no aplicó el mismo rigor para evaluar la continuidad de un funcionario bajo investigación judicial, a pesar de haber ocupado posiciones relevantes durante el gobierno anterior.
El problema no parece ser la severidad sino dónde se la aplica.
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