Paradoja argentina: el fusible terminó provocando un cortocircuito que coloca al Gobierno en una situación de vulnerabilidad, tensiona su relación con los aliados y, sobre todo, pone en crisis uno de los pilares de su identidad política: la pretensión de superioridad moral frente a la vieja dirigencia.
La figura del jefe de Gabinete fue concebida en la reforma constitucional de 1994 como una herramienta destinada a amortiguar las recurrentes crisis presidenciales. Raúl Alfonsín impulsó su creación a partir de una convicción nacida de su propia experiencia en el poder: un funcionario con facultades administrativas superiores a las de los ministros, una suerte de primus inter pares, podría absorber parte del desgaste político del Gobierno y preservar la continuidad presidencial en momentos críticos.
La idea era que ese funcionario actuara como un amortiguador institucional que le permitiera al Presidente negociar con la oposición acuerdos de coalición o fórmulas de cohabitación. Un híbrido pensado para moderar el hiperpresidencialismo argentino y acercarlo, aunque fuera parcialmente, a algunas experiencias parlamentarias europeas.
EN LUGAR DE AYUDAR, COMPLICA
Nunca funcionó así. Pero ahora parece haberse convertido en la negación misma de aquello que justificó su creación: no solo no ayuda a superar la crisis, sino que la profundiza.
La saga de Manuel Adorni, que comenzó con la aparentemente inocente inclusión de su esposa en un viaje presidencial, derivó primero en sospechas de enriquecimiento ilícito hoy bajo investigación judicial; después, en explicaciones que lejos de esclarecer su situación patrimonial profundizaron la desconfianza; y finalmente, en la abierta confesión de haber evadido impuestos y de haber omitido su declaración al asumir cono funcionario público.
La sucesión de episodios terminó transformando al jefe de Gabinete en un lastre del que el Gobierno no puede -o no sabe- desprenderse. El problema golpea además en el corazón de la identidad discursiva libertaria: la transparencia y el combate contra los privilegios.
La situación de Adorni fue esta semana objeto de intensas negociaciones alrededor de las distintas herramientas previstas para exigirle explicaciones: una interpelación, un eventual juicio político o incluso la activación de la moción de censura contemplada por la Constitución. Ni siquiera la euforia mundialista tras el triunfo de Argentina frente a Argelia alcanzó para desplazar el tema del centro de la escena. Los cálculos del gobierno que apuntaban a sacarlo del foco atencional terminaron fallando.
EL RECORTE DE FUNCIONES
Consciente del desgaste, el Gobierno optó por recortarle funciones y avanzar con la designación de un nuevo vocero presidencial. El economista Adrián Ravier intentará reconstruir un área que se convirtió en uno de los puntos más vulnerables de la administración. La decisión constituye además una admisión implícita del deterioro político de Adorni: el funcionario que durante meses fue la principal voz pública del Gobierno terminó convirtiéndose en uno de sus principales problemas de comunicación.
Finalmente, el oficialismo logró postergar hasta el 25 de junio la definición sobre una eventual interpelación. Allí confluyen, por motivos distintos, opositores duros y dialoguistas que coinciden en la necesidad de obligar al jefe de Gabinete a dar explicaciones públicas ante el Congreso.
Y todo ocurre en un momento especialmente inoportuno para el oficialismo.
LAS SEÑALES ALENTADORAS
Después de meses en los que la economía fue una fuente inagotable de malas noticias, comienzan a aparecer indicadores que el Gobierno puede exhibir como señales alentadoras. La inflación mayorista desaceleró del 5,2% al 2,5%; el superávit fiscal alcanzó el 0,7%; y mayo registró un récord histórico de exportaciones, con más de US$ 9.500 millones vendidos al exterior y treinta meses consecutivos de saldo comercial positivo. A su vez, el riesgo país cayó a 430 puntos, su nivel más bajo desde 2018, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a crecer en junio (6,4%) y acumuló su segundo avance mensual consecutivo.
El dato más significativo es que el Gran Buenos Aires lideró el aumento de la confianza de los consumidores con una suba del 10,01%, muy por encima de la Ciudad de Buenos Aires (4,78%) y del interior del país (2,06%). El fenómeno también resulta llamativo por su composición social: los hogares de menores ingresos mostraron una mejora del 7,16%, superior incluso a la registrada entre los sectores de mayores recursos (5,34%).
El mayor éxito político de Milei podría contener el germen de un nuevo problema. Si el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica dejan de ser patrimonio exclusivo del oficialismo para convertirse en un consenso más amplio, la competencia ya no se resolverá únicamente en el terreno económico. Y allí, donde cuenta la coherencia entre discurso y conducta, el caso Adorni es una prueba sobre la verdadera naturaleza del cambio que el Gobierno prometió encarnar.
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