En el tormentoso periodo político de las polarizaciones y antinomias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha podido mantener su independencia a pesar de los intentos de acuerdos interpartidarios para ampliar su número o designar integrantes “amigables” con las más importantes fuerzas políticas. Mientras, un fiscal investiga un presunto espionaje nada menos que a su presidente.
La agresividad de buena parte de la dirigencia política hacia cualquier decisión de la Corte con la que no coincidieran, o cuando intenta evitar tener que resolver sobre problemas que los políticos no quieren o no pueden superar llegando a un acuerdo, ha determinado la judicialización de conflictos que no debieran ser sometidos al máximo tribunal. Por fortuna, esa falta de acuerdos imposibilitó la designación de integrantes para el más alto tribunal de Justicia que no reunían las condiciones éticas para desempeñarse en ella.
A pesar de todas las normas sancionadas para darle transparencia y trazabilidad al proceso de selección de jueces, la búsqueda de atajos por parte del oficialismo y buena parte de la oposición ha sido permanente.
LOS DOS TERCIOS
El vilipendiado Pacto de Olivos determinó la reforma constitucional por la que las provincias deben estar representadas por tres senadores de los cuales uno pertenecerá al partido minoritario. Y como exige para designar a los jueces de la Corte Suprema que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada por dos tercios de los senadores presentes, inevitablemente esos nombramientos deben ser fruto del acuerdo de distintas fuerzas. La atomización de los partidos junto con la irrupción de los libertarios tiene como consecuencia que ninguna agrupación política pueda, sin el acuerdo de otros, designar los integrantes del máximo tribunal.
El Poder Ejecutivo promovió el año pasado el nombramiento de dos jueces -Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla- y a medida que se prolongaron las negociaciones, la opinión pública fue influyendo intensamente, como nunca antes, para que fueran desechadas esas proposiciones, aunque debe aclararse que las críticas se centraban especialmente en uno de los candidatos. Por eso se mantiene la composición actual del máximo tribunal cuya independencia incomoda a factores de poder y a las circunstanciales mayorías políticas. Aunque repudiable, no puede extrañar que las presiones lleguen a excesos como el de espiar a los jueces.
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