Hace varios años que se conocen y que preocupan en nuestro país los riesgos y las consecuencias negativas que se derivan, en especial en las franjas juveniles, de las adicciones a distintos tipos de juegos de azar, que permiten la realización de apuestas.
Si entre las personas adultas hasta los que se creen más expertos pierden su dinero, sus autos o inclusive sus casas, se conoce que el auge de la ludopatía infantil y juvenil suele desencadenar verdaderas desgracias a numerosas familias. Esta situación se agravó a partir de la proliferación de las plataformas de juego online y de los casinos virtuales.
Es en ese preocupante contexto que acaba de presentarse en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley que procura combatir el flagelo del juego, que afecta en forma creciente a escolares adolescentes y a menores de corta edad.
Tal como se informó en este diario, la iniciativa impulsa incluir en forma obligatoria en el sistema educativo programas de prevención destinados a trastornos psicosociales, incorporando explícitamente a la ludopatía.
“Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales y esta situación ya se traslada a las aulas, asociándose con desatención, ausentismo y una caída abrupta del rendimiento académico”, dijeron.
El problema de la ludopatía juvenil se vuelve más grave cuando se advierte que existen numerosas organizaciones clandestinas destinadas, esencialmente, a explotar la debilidad de muchas personas adictas y ahora, como agravante, que le permiten a la franja de los menores de edad realizar apuestas de dinero en plataformas digitales.
Ocurre que el juego ilegal o clandestino mediante la modalidad on line presenta dificultades a la hora de ser fiscalizado. ¿Cómo podrá hacer cualquier organismo público –por ejemplo, las administraciones de las provincias en nuestro país- para controlarlo? Allí no sólo existe evasión impositiva sino, fundamentalmente, luz verde para que menores de edad se vuelvan ludópatas y coloquen a sus familias frente a eventuales y terribles quebrantos, entre otras derivaciones.
Sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbe a las familias, muchas de las cuales supuestamente ignoran las costumbres de sus hijos, así como a la formación escolar y a los organismos de contralor del Estado, sean de los poderes Ejecutivo y Judicial, debiera analizarse a fondo este problema y adoptar medidas destinadas a neutralizarlo. Y en esa tarea, los poderles legislativos provinciales y el Congreso nacional debieran asimismo aportar la existencia de leyes que impidan la propagación de esta realidad tan preocupante.
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