La Justicia de La Plata detuvo ayer por la noche y procesó a dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires tras las denuncias por abusos sexuales presuntamente cometidos dentro del Palacio Legislativo. La causa se originó tras denuncias formuladas por dos víctimas, que señalaron ante la Fiscalía haber sufrido presuntos ataques sexuales en el ámbito laboral dentro del edificio legislativo.
A partir de esos testimonios, se inició una investigación penal que culminó con la detención de los acusados en la noche del 29 de diciembre. La investigación se encuentra bajo la carátula "abuso sexual con acceso carnal" y tiene como imputados a Nicolás Daniel Rodríguez y a Daniela Silva Muñoz, que se desempeñan con planta permanente en el palacio legislativo.
Tras ser apresados, los dos empleados fueron procesados en la investigación encabezada por el Juzgado de Garantías Nº 4 y por la fiscal interviniente, Betina Lacki. Esa decisión fue tomada a raíz de la existencia de indicios suficientes de responsabilidad penal para que continúe el proceso en su contra.
En la investigación, trascendió que parte de los abusos se habrían producido en una de las oficinas del Senado, dentro de una dependencia que responde directamente a la Presidencia del cuerpo.
Según las denuncias, una vez dentro de la estructura militante, se les exigía a las víctimas la devolución de parte de su salario para "tareas", creando una relación de poder asimétrica y de sometimiento. En esa línea, trasciende un componente central del expediente es la presunta existencia de una organización denominada “La Orden de la Luz”. Según las fuentes judiciales, este grupo utilizaba lenguajes codificados y comunicaciones encriptadas a través de Gmail, una dinámica propia de estructuras criminales.
Aunque la primera denuncia data de 2014, el expediente ha crecido con el tiempo. En 2019 se sumaron dos nuevos testimonios y en 2025 ingresaron dos casos más, totalizando cinco víctimas identificadas, cuyas identidades se mantienen en reserva por protección. Resulta alarmante que, según el abogado de las denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, algunas víctimas aún dependían laboralmente de Rodríguez al momento de las detenciones.
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