La investigación por las graves denuncias de torturas y abusos sexuales contra mujeres detenidas en la Unidad Penal N°51 de Magdalena sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dispuso la desafectación preventiva de diez agentes penitenciarios, entre ellos las máximas autoridades del establecimiento, mientras avanza la causa judicial por los hechos ocurridos a comienzos de junio.
La medida alcanza a jefes y responsables del penal, además de integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias, señalados por su participación en una violenta represión contra internas que derivó en denuncias por torturas, vejaciones y abuso sexual.
La causa había sido impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que entrevistó a las víctimas en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En paralelo, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó una decisión de primera instancia y habilitó a la CPM a intervenir como Particular Damnificado Institucional. En una resolución, los camaristas consideraron que los hechos denunciados exceden un supuesto exceso en el uso de la fuerza y describieron un “esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento”.
Los episodios investigados se remontan al 3 de junio, cuando tras una pelea entre dos internas, personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones arrojando gas pimienta y encerrando a las detenidas. Según la denuncia, posteriormente las obligaron a desnudarse frente a efectivos masculinos y, ante la negativa, fueron golpeadas y sometidas a distintos tipos de torturas.
La investigación también puso bajo la lupa el accionar del personal médico, ya que una enfermera no habría dejado constancia de las lesiones que presentaban las víctimas, pese a que varios testimonios la ubican como testigo de los hechos.
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