El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva serie de medidas de prueba en la causa que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y la evolución de su patrimonio.
A través de una resolución de cinco páginas, Pollicita ordenó el envío de oficios a organismos públicos, administraciones de barrios privados y empresas privadas con el objetivo de profundizar distintas líneas de investigación vinculadas a presuntos movimientos patrimoniales bajo análisis.
Entre las medidas más relevantes, el fiscal solicitó información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. En caso de haber existido una relación contractual o laboral, requirió documentación sobre funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y declaraciones juradas patrimoniales.
Asimismo, pidió al juzgado federal que tramita una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, una certificación completa del expediente, incluyendo detalles sobre los hechos investigados, las personas involucradas y posibles referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni.
Otra de las medidas apunta a reconstruir gastos y movimientos vinculados con una propiedad identificada como el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, se requirieron registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas que hayan realizado trabajos o entregado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Según la resolución, la información permitirá analizar eventuales gastos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales y amoblamiento del inmueble.
En paralelo, el fiscal solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside en ese barrio privado. En caso afirmativo, pidió detalles sobre la modalidad de ocupación de la propiedad, contratos existentes y comprobantes de pago de expensas.
La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en la causa. Pollicita requirió a la firma Rosen The Store información sobre una factura emitida en junio de 2025 por un monto superior a los 8 millones de pesos a nombre de Gisela Kocsis.
El fiscal solicitó conocer el medio de pago utilizado, la identidad de quien efectuó la compra, el domicilio de entrega de los productos y toda la documentación respaldatoria de la operación para establecer quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos.
Por último, requirió a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento histórico sobre las plataformas de intercambio y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad, junto con antecedentes regulatorios y normativa aplicable al sector.
Las nuevas medidas se suman a otras ya incorporadas al expediente, en el marco de una investigación que busca esclarecer la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar.
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