La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción a la llamada “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles”, obsoletos o contrarios a las libertades individuales. La norma obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
En una jornada marcada por el bloqueo oficialista al intento opositor para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el debate por la Ley Hojarasca también tuvo su cuota de tensión.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Alberto Benegas Lynch defendió que la propuesta apunta a sacar al “argentino de bien de este laberinto regulatorio”. Categórica, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, le retrucó: “Hay que ser muy termo para votar una ley como esta.”
Más allá de la discusión parlamentaria, lo llamativo está en las normas que busca eliminar el proyecto. En la lista aparece, por ejemplo, una ley vigente de 1864 que inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que mandara azotar a una persona, una prohibición que ya estaba cubierta por la Constitución Nacional. Una norma de 1978 autorizaba expresamente las emisiones de televisión a color, algo que el proyecto califica de “regresivo y contrario a los principios constitucionales”, ya que sancionar una ley para permitir algo que no perjudica a nadie carece de sentido.
El catálogo de rarezas se revela también en una ley de 1974 que establecía el carnet de mochilero de uso obligatorio para quienes pidieran ayuda a terceros para trasladarse con fines turísticos, habilitando la detención policial sin causa.
Otra, de 2015, obligaba a la Federación Colombófila Argentina a registrar palomas mensajeras de carrera y constatar su año de nacimiento y matrícula.
Mientras que una normativa de 1971 habilitaba sorteos entre compradores de entradas de cine, financiados con un impuesto al ticket, aunque el costo del sorteo superaba el beneficio.
Figura además la ley del “padrinazgo presidencial”, de 1974, garantizando educación gratuita a los ahijados del presidente, una costumbre que se remontaba a la presidencia de José Figueroa Alcorta.
En tanto que un decreto de 1944 regulaba la inscripción en el Registro de Comerciantes en Granos por organismos que hace décadas dejaron de existir.
Entre otras, se destaca una ley de 1983 que permitía internar compulsivamente a pacientes con lepra, calificada en el proyecto como una norma “de corte netamente medieval”.
También se pretende derogar una ley de 1975 que obligaba a los medios estatales a difundir temas turísticos por un mínimo de 60 minutos diarios.
Por otra parte, busca eliminar comisiones estatales en desuso y reducir el financiamiento oficial a organismos, aunque preservaría los fondos para la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores.
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