La tensión entre el gobernador, Axel Kicillof, y los intendentes bonaerenses por el manejo de recursos municipales volvió a quedar en el centro de la escena política provincial. El eje del conflicto es un fondo creado a partir del endeudamiento autorizado para este año y 2027, que los jefes comunales buscan administrar con mayor autonomía ante la caída de ingresos y el crecimiento de las obligaciones corrientes.
La autorización legislativa para que la Provincia tome deuda por el equivalente a 3.685 millones de dólares incluyó una condición impulsada por los intendentes: la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Ese esquema estableció una partida equivalente al 8 por ciento del endeudamiento y un piso de 250 mil millones de pesos distribuidos en cinco cuotas para garantizar previsibilidad.
Sin embargo, la letra chica del acuerdo terminó abriendo un nuevo foco de conflicto. Aunque el 70 por ciento de esos fondos se reparte mediante el Código Único de Distribución (CUD), el 30 por ciento restante quedó sujeto a la intervención de áreas provinciales vinculadas a Infraestructura, Transporte y el Instituto Cultural. Para los intendentes, ese mecanismo limita la capacidad de respuesta ante urgencias financieras.
Con ese planteo llegaron recientemente a la Legislatura representantes de distintos espacios políticos, incluidos intendentes radicales y referentes del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo. En una presentación conjunta advirtieron que el deterioro económico impacta directamente sobre la recaudación local y los recursos coparticipables, y reclamaron que los municipios puedan decidir libremente el destino del fondo.
Desde varios distritos sostienen que el escenario hacia fin de año es complejo. Algunos advierten dificultades para afrontar gastos corrientes e incluso compromisos salariales. En ese contexto, la demanda apunta a acelerar la disponibilidad de recursos sin pasar por nuevas autorizaciones o trámites administrativos.
La discusión ya tiene traducción legislativa. Hay al menos dos proyectos en análisis que buscan modificar el esquema actual y darle mayor agilidad al giro de fondos. Uno propone que la comisión bicameral de seguimiento de la deuda tenga intervención directa en la autorización de pagos; otro apunta directamente a simplificar el proceso y evitar demoras.
La discusión, además, se desarrolla en paralelo al reordenamiento interno del peronismo bonaerense y a la reciente conformación de las comisiones legislativas. Mientras algunos sectores consideran que cualquier modificación debe surgir desde el Ejecutivo, los intendentes buscan consolidar una herramienta que les permita afrontar un contexto de restricciones económicas con mayor margen de decisión.
Por ahora, el conflicto no parece tener una resolución inmediata, pero sí un escenario definido: la pelea por los fondos municipales se trasladó a la Legislatura y será allí donde se definan los próximos movimientos.
SUSCRIBITE a esta promo especial