El Gobierno nacional y los rectores de las universidades nacionales alcanzaron un acuerdo económico que busca resolver el conflicto presupuestario que se extendió por casi tres años. Mediante la firma de un acta en el Palacio Sarmiento, las autoridades del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y nodocentes formalizaron las actualizaciones que se aplicarán a las partidas presupuestarias y a los haberes del sector.
La propuesta aprobada establece una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en un 21,33% para el mes de junio y un 3% adicional en octubre. Para dar cumplimiento a este esquema, el Ministerio de Economía autorizó la asignación de una partida de 800.000 millones de pesos, al tiempo que se pautó el compromiso de convocar a mesas paritarias cada tres meses durante el resto del año en curso.
El entendimiento abarca además requerimientos institucionales ajenos a la cuestión estrictamente salarial. De este modo, se dispuso el giro de 50.000 millones de pesos adicionales para el financiamiento de los hospitales universitarios -que complementarán los 80.000 millones previstos originalmente en el presupuesto 2026- y se convalidó un incremento del 20% destinado a los gastos de funcionamiento generales de las casas de altos estudios.
En lo relativo a las políticas de bienestar estudiantil, las partes acordaron una actualización del 50% en los montos de las becas Manuel Belgrano, asignadas a carreras vinculadas a áreas estratégicas, las cuales permanecían sin modificaciones desde 2024. No obstante, el documento final excluyó incrementos para las becas Progresar, un beneficio de mayor alcance que cubre los niveles secundario y superior, cuyo reajuste formaba parte de los reclamos del sector.
Los términos refrendados superan los porcentajes de la propuesta alternativa que el oficialismo intentó promover previamente en el ámbito legislativo, la cual establecía una pauta de actualización del 12,3%. El acercamiento entre las partes se consolidó durante las últimas semanas, ante la ausencia de plazos perentorios para un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto a la ley de financiamiento universitario que la actual administración había buscado derogar.
En este contexto, el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió mantener el plan de lucha en reclamo de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque dispuso poner en suspenso el paro previsto para la próxima semana. Desde la organización gremial advirtieron que la medida de fuerza será retomada en caso de registrarse un incumplimiento del acuerdo, al tiempo que anunciaron que a comienzos de julio se celebrará un nuevo plenario para debatir el contenido de las próximas paritarias y las acciones a seguir.
Las negociaciones estuvieron coordinadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en representación del Estado nacional. Por parte del sistema universitario participaron el presidente y el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci y Anselmo Torres, rectores de las universidades nacionales de Rosario y Río Negro, respectivamente. Con esta firma, el Gobierno logra estabilizar uno de los diferendos sectoriales más prolongados desde el inicio de la gestión.
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