En medio del plan de despidos que busca aplicar el gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ahora la Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución oficial que ordenaba el cierre de más de 600 servicios que brinda el organismo en todo el país.
La sentencia le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal. El freno judicial fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Además, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
Según el Gobierno libertario, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, como parte del plan “motosierra” de reestructuración y ajuste.
El fallo hizo lugar parcialmente a una presentación impulsada por sectores gremiales del instituto, que habían advertido sobre el impacto de la resolución tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del INTI.
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