Aprobado en el Senado el nombramiento de María Verónica Michelli como jueza de un tribunal penal de La Plata, el expediente debe volver al Poder Ejecutivo porque Javier Milei tiene que firmar el decreto que la pone efectivamente en funciones. ¿Tiene el Presidente la potestad de no firmar la designación, como sugirió el ministro de Justicia Juan Mahíques? ¿Es válido que Milei frene su nombramiento después del acuerdo del Senado?
Más allá de que sería un enorme error político (uno más del oficialismo) el caso genera un debate constitucional. En general juristas que se han expresado -que asumen que firmar el decreto es una decisión discrecional del jefe de Estado- coinciden en que no es constitucionalmente válido no firmarlo por razones arbitrarias. Entienden que rechazar a una candidata a jueza por ser pariente de un periodista es un acto discriminatorio. El problema es que no está clara la solución.
La ley no regula esta situación. No está previsto qué pasa si a un candidato a juez que fue seleccionado por el Consejo de la Magistratura y avalado por el Senado, el Poder Ejecutivo no le firma el decreto de nombramiento.
EL CASO CON CRISTINA
A nivel nacional, los especialistas no recuerdan ningún caso como este que haya llegado a la Justicia. Sí existe un caso previo de arrepentimiento presidencial: Cristina Kirchner envió un pliego para camarista de Juan Manuel Yalj, candidato que consiguió el acuerdo del Senado. Y después, antes de ser puesto en funciones, ordenó la detención del gremialista Rubén Sobrero actuando como juez subrogante. La entonces presidenta hizo saber que no estaba dispuesta a nombrarlo, pero el caso se resolvió con la renuncia del candidato a camarista. Eso le permitió a Cristina elegir a otro postulante de los que habían sido ternados: Alberto Lugones. Que fue quien finalmente ocupó ese cargo de camarista federal en San Martín.
“EL PRESIDENTE DEBE DAR RAZONES”
La constitucionalista María Angélica Gelli declaró que, a su entender, Milei “estaría violando la obligación de todo funcionario de dar razones de sus actos cuando ejerce una función discrecional. Aunque sea una decisión propia, el Presidente tiene que dar razones de por qué toma la decisión que toma.
El Poder Ejecutivo tiene algunas funciones discrecionales, pero eso no quiere decir que pueda ser arbitrario. En un estado de derecho, hay que dar explicaciones a los ciudadanos. No se puede confundir discrecionalidad con arbitrariedad”.
Nunca hubo una explicación oficial del Ejecutivo sobre Michelli. Fue la senadora oficialista Patricia Bullrich, en la sesión del jueves, quien admitió que se debe a que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
Para Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, “hay que separar la razonabilidad de los motivos del Presidente de su obligación legal”. Advirtió: “Los motivos que se hicieron públicos son ridículos; siempre los jueces son parientes de alguien. Pero más allá de eso, el decreto de nombramiento es un acto discrecional del Presidente; el acuerdo del Senado lo faculta a nombrar a un juez (le da su consentimiento para que lo haga), pero no lo obliga a hacerlo. Una persona que no obtuvo el acuerdo no tiene derecho a su cargo, porque todavía no finalizó el procedimiento de designación”.
Pero este no es el caso porque sí hubo acuerdo. “¿Cómo se sigue? No hay un procedimiento establecido para un caso tan atípico”. Es que sí se prevería un accionar si el Senado rechaza a un candidato: el Presidente ya no puede nombrar a otro de la misma terna, sino que debe llamarse a otro concurso.
¿Qué podría hacer Michelli si Milei congela eternamente su designación? “Sería difícil para ella sostener que tiene derecho a ser nombrada, ya que el derecho a ocupar el cargo aparece, justamente, recién con el nombramiento”, asegura Guidi. “Sin embargo, en tanto participante de un proceso de selección, sí podría invocar un derecho a que se resuelva su situación en algún sentido, obligando al Ejecutivo a tomar alguna determinación y no dejarla en un limbo”, agrega el letrado.
“UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL”
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es terminante. Sostiene que Milei no puede no nombrar a Michelli. “Es una obligación constitucional, tal como promulgar una ley que sancionó el Congreso. Si no lo hace, incurre en mal desempeño y comete un delito en ejercicio del cargo: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Según Gil Domínguez, “el decreto de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo es un acto formal y no depende de la voluntad del Presidente. Michelli con el acuerdo del Senado es jueza”. Y su situación “tampoco está sujeta a la puesta en funcionamiento de un tribunal, lo cual es competencia del Consejo de la Magistratura de la Nación”. Esta aclaración se debe a que el cargo para el que concursó Michelli es para un tribunal que está creado, pero que todavía no funciona.
El constitucionalista Jorge Alberto Dieguez sostuvo: “La regla general es que el nombramiento (o no) es una potestad constitucional discrecional del Poder Ejecutivo. Hasta el momento en que se publica la designación en el Boletín Oficial, el candidato no tiene un derecho adquirido al cargo, aun cuando haya sido seleccionado por el Consejo de la Magistratura, propuesto por el Presidente y obtenido el acuerdo del Senado. En estos casos, podrá tener un derecho en expectativa. Por eso es que, aunque es una situación anómala, hasta el momento mismo de publicación del nombramiento, el Presidente puede arrepentirse”.
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