A una semana del comienzo de junio, Axel Kicillof pisa una zona crítica del año: llega el momento de pagar el medio aguinaldo de los empleados públicos y queda en evidencia la complicadísima situación económico-financiera de la Provincia, que se plasma además en un ajuste silencioso pero persistente con impacto en áreas sensibles de la gestión de gobierno como la obra pública y la ayuda social, cuyo deterioro afectan nodos centrales del discurso político del gobernador-candidato. Por otro lado, la agudización de la deuda que el Estado bonaerense mantiene con proveedores lleva al mandatario distrital a evaluar la posibilidad de la emisión de un bono que permita obtener fondos frescos para poner paños a la situación.
Las advertencias sobre el deterioro de las cuentas de la provincia registran varios antecedentes recientes. Pero la reunión de paritarias del jueves es quizá el ejemplo más contundente: los funcionarios del ministerio de Economía trazaron un cuadro desolador. La dirigencia gremial que los escuchó se fue con una solo certeza: este mes no habrá aumento salarial, por lo que su pelea ahora es para intentar recibir algún porcentaje en junio, de modo que engrose al menos en unos pesos el cálculo del SAC.
El gobierno siempre arranca estas rondas con el freno de mano puesto, es un recurso habitual para mejorar su posición negociadora. Pero con un comienzo de año en el que los estatales ya perdieron contra la inflación -y luego de un 2025 en el que los sueldos esos quedaron casi un 6% abajo- demorar la revisión salarial tensa la cuerda con una dirigencia sindical que por otra parte en general es aliada en términos políticos del gobernador. Solo tiene sentido si no queda otra que no aumentar.
En el Ejecutivo circula una versión sobre esa negociación en particular: intentarán, dicen, llegar a un acuerdo que se cierre el mes que viene, para no tentar al malestar que anida en las bases gremiales hace tiempo. Pero quieren que se aplique desde julio, para evitar el impacto en el medio aguinaldo. Y que se extienda por varios meses -la mayor cantidad posible- por eso le permite un manejo un poco más previsible de un Tesoro que está exhausto.
Obra pública
La pulseada con los estatales el crucial porque el 40% del gasto fijo del Estado se va en esos sueldos, más otro 15% en jubilaciones. Pero es apenas un aspecto de una realidad más abarcativa, definida la estrechez fiscal extrema.
Un caso significativo es la obra pública, activa solo en los casos en que hay financiamiento internacional o, como ocurre con las autopistas, cuando están atadas a un ingreso corriente. La suspensión del plan alimentario MESA es otro ejemplo. Y la caída en la ayuda financiera extraordinaria a los municipios, uno más. “Tenemos caída de ingresos nacionales por los recortes de programas que nos hace Milei y por la menor recaudación y coparticipación debido a la baja actividad, combinado con mayor demanda de ayuda social directa y de los municipios, es un combo muy complicado”, describe un funcionario con despacho cercano al de Kicillof.
En el diagnóstico de la situación que hace puertas adentro el Ejecutivo se dispararon en las últimas horas las alarmas por un dato puntual: la evolución negativa que está teniendo la recaudación por Ingresos Brutos, el impuesto que explica el 70% de los ingresos fiscales propios. Al punto que un alto funcionario del equipo económico se comunicó con partes de otras provincias para chequear lo que ocurría allí. Cuentan que en algunos casos se encontró con un panorama incluso peor.
La cuestión fiscal ligada al consumo interno es crucial, porque la estructura de ingresos provincia depende mucho del nivel de actividad. Y en ese punto, la 5% de caída en el consumo de supermercados no predice una evolución favorable. Y tiene correlato social, porque en esos centros de venta se compra sobre todo comida.
Es cierto que el Estimador de Actividad del INDEC mostró una recuperación de 5,5% en marzo. Pero ese número podría ser significativamente menor para la PBA, según una estimación privada a la que en el gobierno bonaerense le prestan atención.
Esta situación afecta de lleno a la estrategia de suplantación de la presencia del Estado nacional que viene llevando adelante Kicillof. No es casual que la próxima movida en ese sentido no implica poner más fondos, sino la posible presentación de una demanda contra el tarifazo de gas que supone el achicamiento del área de Zona Fría que se apresta a convertir en ley el Senado. El argumento técnico legal que maneja el equipo jurídico es que la ley implica una “intromisión en la jurisdicción provincial” en materia tarifaria. Pero el dato político es que es el Estado acompañando al ciudadano, pero a Tribunales.
En el gobierno hay registro del límite político que supone este estado de cosas para un dirigente que aspira a que la gestión sea uno de los argumentos para discutir una candidatura el año que viene. Pero por ahora no hay un plan B que vaya más allá de la prudencia fiscal y la denuncia del torniquete nacional, que incluye también la baja de tributos que son coparticipables, como las retenciones, pero no de aquellos que son vitales para el superávit de las cuentas nacionales.
Reunión con Máximo
Kicillof enfrenta ese cuello de botella en paralelo con una batalla interna que no da respiro. En las últimas horas circuló la versión de nuevos intentos de armar un encuentro con Máximo Kirchner, para sondear la posibilidad de una tregua. Gabriel Katopodis, Federico Otermin y Mariano Cascallares fueron mencionados como mediadores. Pero no hay nada confirmado, ni mucho menos: por ahora ambos campamentos acusan al rival de entorpecer cualquier acercamiento.
En ese marco de desconfianzas que persisten, en el kicillofismo piden una “agenda concreta” para un eventual encuentro, que por ahora solo es pensable con Máximo y no con su madre. Respecto del reclamo de “Cristina Libre”, que seguramente estará presente en una charla, si es que alguna vez se, desde el entorno del gobernador emerge una posición concreta: “Axel se va a sumar cuando eso sea definido por una mesa política y forme parte de una estrategia general, aceptada por todos”, dicen. Como planteo, parece toda una novedad. Seguramente tomarán notas los cada vez más numerosos sectores del peronismo que piden retornar al diálogo interno.
Deuda con proveedores y el dilema del bono
Las dificultades financieras de la provincia de Buenos Aires se mantienen en el centro de la agenda pública tras haber condicionado el cierre del último año legislativo, período en el cual el Parlamento bonaerense autorizó al Ejecutivo conducido por Axel Kicillof a contraer una deuda de hasta 3.685 millones de dólares para garantizar la ejecución de infraestructura, atender compromisos financieros previos y regularizar obligaciones con contratistas.
No obstante, el retraso en la liquidación de los compromisos con los prestadores estatales registra una tendencia al alza que genera incertidumbre en el sector privado respecto a la estabilidad de la cadena de pagos. El escenario actual compromete tanto el desarrollo de las políticas de asistencia social, el sistema de salud y la obra pública, como la sostenibilidad financiera de las firmas comerciales que brindan servicios a la administración bonaerense, lo que llevó a las autoridades a planificar un mecanismo alternativo de cancelación.
Ante esta coyuntura, el equipo económico provincial estaría dispuesto recurrir a un instrumento financiero mediante la emisión de títulos públicos destinados a cancelar los saldos pendientes con los proveedores. El cronograma oficial prevé que estos papeles comiencen a distribuirse en un plazo estimado de treinta días, entre finales de junio y principios de julio, fijando su vencimiento y cobro definitivo para el mes de diciembre del corriente año.
Las demoras en los desembolsos oficiales se profundizaron durante los primeros meses de este año, acumulando plazos de espera que oscilan entre los tres y los siete meses según el rubro afectado, una situación que impacta de manera directa en las empresas constructoras y en los prestadores de insumos hospitalarios. Si bien la gobernación ya había implementado a finales del año pasado una colocación de bonos por un total de 72.800 millones de pesos a la cual adhirieron diversos sectores, ese volumen de recursos resultó insuficiente para regularizar el stock total de la deuda.
El impacto del retraso en las partidas presupuestarias recae principalmente sobre el tejido productivo local, dado que el padrón de prestadores del Estado provincial está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas de la región. En el sector advierten sobre las complejidades para cumplir con las liquidaciones salariales, adquirir materias primas y sostener la logística de distribución hacia las dependencias oficiales, lo que ya derivó en despidos de personal y suspensiones de actividad en aquellas firmas que carecen de la estructura financiera necesaria para financiar de manera propia la espera de los depósitos.
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