Lo que comenzó como un requerimiento administrativo de la Inspección General de Justicia (IGJ) terminó derivando en un nuevo episodio de tensión dentro del Gobierno nacional. El organismo intimó a la Fundación Faro Argentina a informar quiénes fueron los donantes que aportaron cerca de $5.000 millones durante 2024 y le otorgó un plazo de diez días para presentar la documentación correspondiente.
La medida apunta directamente al principal think tank libertario vinculado al sector político e ideológico que encabeza Santiago Caputo. Y adquirió una dimensión política particular porque la IGJ quedó bajo una estructura de influencia cercana a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política de La Libertad Avanza.
Por eso, dentro y fuera del oficialismo, el requerimiento fue interpretado como algo más que una simple observación administrativa.
La reacción de Santiago Caputo
La respuesta no tardó en llegar. Apenas se conoció la investigación periodística que reveló la intimación y las observaciones realizadas por la IGJ, Santiago Caputo utilizó la red social X para cuestionar la información y deslizar una crítica hacia el organismo.
"Debe ser una total casualidad que Alconada Mon haya escrito esta nota llena de falsedades y datos incorrectos en contra de la Fundación Faro basado en un requerimiento de la IGJ", escribió el asesor presidencial.
La publicación fue leída en distintos ámbitos políticos como una señal de malestar frente al avance de un organismo que responde a un sector distinto dentro del oficialismo. El episodio volvió a poner en escena las diferencias entre el espacio que lidera Karina Milei y el grupo de funcionarios, asesores y dirigentes que orbitan alrededor de Caputo.
Qué observó la IGJ
El requerimiento se produjo tras analizar la documentación presentada por la fundación correspondiente al ejercicio 2024.
La principal observación está vinculada al origen de los fondos. Según el balance, el 99% de los ingresos fue registrado bajo el concepto "donaciones, cursos, talleres y prevención", pero sin identificar a los principales aportantes.
La normativa vigente exige individualizar a quienes realizan donaciones por encima de determinados montos. Por ese motivo, la IGJ reclamó conocer quiénes financiaron a la entidad.
Los auditores externos también señalaron que los estados contables aún no habían sido transcriptos a los libros oficiales de la fundación cuando fueron presentados ante el organismo de control.
Además, el balance registra $246,4 millones bajo el concepto de "deudores varios", sin detallar quiénes recibieron esos fondos ni en qué condiciones. También aparecen préstamos por más de $34 millones cuyo origen no fue explicado.
De fundación social a usina libertaria
La actual Fundación Faro surgió de la transformación de la Fundación Valorar, una organización que hasta 2023 tenía un perfil orientado a actividades sociales y recursos considerablemente más modestos.
El cambio comenzó con el desembarco de Agustín Laje y Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial. A partir de entonces, la entidad experimentó un crecimiento extraordinario.
Durante 2024 declaró ingresos por $4.957 millones y elevó su patrimonio a más de $4.300 millones. La modificación de nombre y sede fue aprobada posteriormente por la IGJ, aunque el objeto social de la fundación continuó formalmente vinculado a la asistencia de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Las cenas de recaudación
La fundación organizó durante 2024 y 2025 una serie de cenas de recaudación en el Yacht Club de Puerto Madero, con Javier Milei como principal figura convocante.
A esos encuentros asistieron empresarios de algunos de los grupos económicos más importantes del país. Sin embargo, nunca se informó oficialmente cuánto dinero se recaudó ni quiénes realizaron los aportes.
Esos eventos fueron una de las principales herramientas de financiamiento de la organización y consolidaron a Faro como uno de los centros neurálgicos de la denominada "batalla cultural" libertaria.
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