La obra social del sindicato de Camioneros, conducido históricamente por Hugo Moyano, atraviesa uno de los momentos más críticos. En las últimas semanas, la entidad entró en una fase de virtual colapso operativo que ha dejado a miles de afiliados desamparados y sin acceso a descuentos en medicamentos en las pocas farmacias que todavía mantenían convenios vigentes.
La situación, según publica Clarín y reconstruida a partir del testimonio directo de los propios trabajadores y beneficiarios, comenzó a agravarse hace dos semanas. A raíz de una abultada y prolongada deuda que la obra social mantiene con las redes farmacéuticas, los establecimientos decidieron suspender la comercialización de medicamentos con la bonificación sindical tradicional.
Hasta hace unos días, la última alternativa para los afiliados radicaba en la farmacia "Farma Social", ubicada en el barrio porteño de Constitución, muy cerca de la sede central del gremio y del despacho del propio Moyano. Sin embargo, la crisis terminó por absorber este último bastión.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, señaló uno de los afiliados damnificado.
Quienes se acercaron recientemente a la farmacia de Constitución con prescripciones médicas para adquirir insumos esenciales se encontraron con una respuesta sistemática: "falta de stock". Según explican fuentes ligadas al sector comercial, el problema no responde a una escasez real de insumos en el mercado legal, sino a un bloqueo financiero básico: las droguerías mayoristas interrumpieron el suministro a las farmacias sindicales debido a los masivos e históricos retrasos en los pagos por parte de la obra social conducida.
La única alternativa que las autoridades sanitarias del gremio ofrecen actualmente a los afiliados consiste en abonar el 100% del valor de los productos de su propio bolsillo y, posteriormente, tramitar un pedido de reintegro ante la administración central. No obstante, la enorme mayoría de los trabajadores carece de la liquidez financiera indispensable para costear tratamientos que, en muchos casos, resultan prohibitivos de manera particular.
La situación golpea con fuerza el bolsillo de los trabajadores del transporte. Un chofer de una de las ramas intermedias detalló que percibe un salario estimado en 2 millones de pesos. De ese total, le realizan retenciones automáticas de aproximadamente $30.000 destinados a la mutual, $60.000 para la obra social y un aporte de $70.000 bajo el concepto de cuota sindical.
El esquema de coberturas de Camioneros contemplaba, dependiendo de la rama laboral y del aporte adicional a la mutual del gremio, descuentos que oscilaban entre el 50% y el 90% en medicamentos de vademécum. Este último beneficio del 90% correspondía históricamente a la rama de recolección de residuos.
Los balances internos reflejan que la debacle no es un hecho fortuito. Moyano administra en paralelo dos estructuras de salud: OSCHOCA (enfocada en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires) y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encargada de la cobertura en el interior del país.
De acuerdo con informes contables oficiales la estructura nacional adeudaba a sus prestadores médicos la suma de $26.617 millones en agosto pasado, mientras que para febrero de 2026, la auditoría arrojó una deuda consolidada de unos 32 mil millones de pesos, cifra que paralizó la cadena de pagos general. Ante la desesperante falta de liquidez, se menciona la venta inminente del emblemático Sanatorio Antártida y de un predio recreativo de 10 hectáreas ubicado en Escobar.
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