El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para que se revoque la resolución 6/2026, que habilita un proceso para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus). La presentación fue realizada por el Gobierno bonaerense debido a cuestionamientos sobre el procedimiento de aprobación de la medida, la ausencia de estudios específicos y los posibles efectos sobre la sustentabilidad del recurso pesquero.
Además de solicitar que se deje sin efecto la resolución, Rodríguez requirió la suspensión de su aplicación hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que acrediten que el incremento del esfuerzo pesquero no afectará la conservación del recurso.
En el escrito presentado, el funcionario sostuvo que la iniciativa fue incorporada, debatida y votada durante una misma reunión del CFP, sin que los integrantes del organismo dispusieran previamente de toda la documentación necesaria para analizar el proyecto.
También señaló que la resolución carece de fundamentos científicos suficientes para justificar la ampliación de la capacidad extractiva. Según indicó, no existen estudios específicos sobre el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones en los distintos stocks de calamar del Mar Argentino, ni evaluaciones precisas sobre los riesgos para la preservación de la especie.
La resolución 6/2026 toma como base un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que concluyó que un aumento moderado de la flota nacional no comprometería la sustentabilidad del recurso y permitiría fortalecer la participación argentina en una pesquería donde operan numerosas flotas extranjeras en aguas adyacentes.
La convocatoria está dirigida a empresas que posean plantas de procesamiento en tierra o que mantengan convenios con establecimientos habilitados. Los proyectos deberán garantizar el reprocesamiento de al menos el 20% de las capturas en territorio nacional, cumplir con requisitos técnicos y administrativos y presentarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación de la norma.
Asimismo, la reglamentación establece que cada empresa o grupo empresario podrá postular hasta dos embarcaciones, respetando los límites de antigüedad y capacidad fijados por el CFP.
Desde el organismo nacional sostienen que la incorporación de los nuevos buques podría generar cerca de 600 puestos de trabajo directos a bordo y producir un “impacto positivo en toda la cadena industrial vinculada al procesamiento de pescado en tierra”.
Entre los cuestionamientos planteados por Rodríguez también figura la presunta contradicción de la medida con el principio precautorio establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. En ese sentido, remarcó que la existencia de incertidumbre científica sobre posibles impactos ambientales debería conducir a una mayor protección de los recursos naturales y no a una expansión de la actividad extractiva.
Otro de los aspectos observados por la Provincia es el sistema de puntuación territorial previsto en la resolución. Según el ministro, el esquema genera ventajas para determinadas jurisdicciones en el acceso a los nuevos permisos de pesca y coloca en una posición desfavorable a Buenos Aires.
De acuerdo con la presentación, los proyectos vinculados al complejo pesquero bonaerense deberían afrontar mayores inversiones para obtener puntajes similares a los de otras provincias, afectando la competitividad de uno de los principales polos pesqueros e industriales del país, concentrado en Mar del Plata.
El documento señala que la resolución asigna 30 puntos a los proyectos que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y 10 en Buenos Aires, sin exponer fundamentos técnicos o jurídicos que respalden esa diferenciación.
La Provincia recordó además que votó en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el CFP y ratificó su rechazo al considerar que la medida vulnera principios del régimen federal de pesca, la igualdad entre jurisdicciones y la sustentabilidad de los recursos marinos.
Por estos motivos, Rodríguez solicitó que la resolución 6/2026 sea revocada o, de manera subsidiaria, que permanezca suspendida hasta contar con evidencia científica suficiente que garantice la conservación y el uso racional del recurso pesquero.
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