Trabajadores del sistema de salud se movilizaron ayer en el microcentro porteño para reclamar y denunciar el rechazo a las políticas de ajuste aplicadas por la gestión del presidente Javier Milei en el sector. En ese marco, denunciaron la saturación del sistema de atención en hospitales y el aumento de la mortalidad infantil y materna.
La Marcha Federal de la Salud comenzó en la puerta del Ministerio de Salud y se dirigió hacia Plaza de Mayo, junto a sindicatos, agrupaciones de pacientes, organizaciones sociales y médicas, bajo la consigna “La salud no puede esperar”.
“Estamos exigiendo al gobierno de Milei y al ministro (de Salud, Mario) Lugones mayor presupuesto y una urgente recomposición salarial para el sector”, sostuvieron desde la CTA Autónoma.
Esta iniciativa buscó visibilizar la crisis en el sector y el rechazo al plan que lleva adelante el Gobierno Nacional; asimismo, contó con el apoyo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Tanto el Foro por el Derecho a la Salud como los gremios que nuclean el sector denunciaron un recorte presupuestario de unos 63.000 millones de pesos en las partidas públicas sanitarias, por ese motivo, exigen frenar el “desguace” del sistema.
Entre otros puntos, señalaron el vaciamiento y la parálisis del Programa Remediar, que redujo significativamente la entrega gratuita de botiquines esenciales a centros de atención primaria, al mismo tiempo en que repudiaron el recorte del 40% del presupuesto del PAMI y los bajos salarios asignados a los médicos de cabecera.
Con respecto a la aplicación de vacunas e inmunización, alertaron sobre demoras y desfinanciamiento en el Calendario Nacional y, por ende, a los posibles contagios o brotes de enfermedades virales.
Si bien la manifestación principal se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, el itinerario contempló un alcance a nivel federal ya que, en paralelo, se replicaron marchas y actividades en distintas ciudades como Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy.
La convocatoria culminó con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes.
Según se expresó en el documento, el presupuesto ejecutado del ministerio de Salud de la Nación cayó un 40% respecto de 2023, mientras continúan los recortes sobre programas esenciales, vacunas, medicamentos, salud mental y discapacidad. También se advirtió que más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga y que los hospitales públicos atraviesan niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del invierno.
La declaración difundida durante la jornada alertó además sobre el aumento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de las internaciones por patologías crónicas y el deterioro de indicadores sanitarios sensibles como la mortalidad infantil y materna.
Entre los principales reclamos de la movilización se destacó el rechazo al cierre del Programa Remediar, el desfinanciamiento del PAMI, los recortes en vacunación, salud mental y discapacidad, así como la exigencia de una mesa federal de trabajo entre Nación, provincias y municipios para abordar la crisis sanitaria.
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