La difícil situación financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires -la cual el Gobierno ya le anticipó a los gremios estatales cuando se sentaron a negociar por los salarios- sumó en las últimas semanas un capítulo crítico que amenazaría de forma directa la provisión de bienes y servicios esenciales.
Ante el recorte de fondos nacionales -según denuncia la administración de Axel Kicillof- y la caída de la recaudación fiscal propia, los plazos de pago del Estado bonaerense se estiraron al límite, generando hasta cruces con las empresas contratistas.
Así, e n los despachos oficiales de La Plata se analizaría una medida de emergencia: la emisión de bonos de cancelación de deuda para frenar el colapso de sus prestadores.
Impactos
La parálisis en los pagos a proveedores no sería un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un frente macroeconómico severamente dañado. Un motor de esta crisis radica en el desplome de la Coparticipación Federal de Impuestos. De acuerdo con recientes informes técnicos basados en datos del Ministerio de Economía bonaerense y el INDEC, las cuentas provinciales sufrieron un golpe histórico: caída real del 30,3 por ciento: en términos reales (descontando el efecto de la inflación), las transferencias automáticas por Coparticipación enviadas por la Casa Rosada sufrieron una retracción profunda.
Se suma el “agujero” fiscal. Esta caída representó una pérdida de recursos, según datos extraoficiales, que superaría el billón de pesos para las arcas de la Provincia. De todos modos, aunque la recaudación propia bonaerense mostró una leve recuperación ante el fuerte aumento del Impuesto Inmobiliario, este esfuerzo no logró compensar el bache de los recursos federales.
Al resentirse la principal vía de financiamiento y desplomarse también la recaudación de Ingresos Brutos (ligada directamente al consumo y la actividad económica interna, que cayó un 1,8%), el Ejecutivo provincial se quedó con poco margen de maniobra.
La consecuencia fue matemática: el “torniquete” se trasladó a los plazos de pago del sector privado.
Aunque los números finos se manejan con estricto hermetismo en el gobierno provincial, desde los sectores productivos y cámaras empresariales —como la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE)— advierten que los retrasos en los pagos ya promedian entre los seis y siete meses.
Y ante la imposibilidad de afrontar los compromisos en efectivo, el gobierno provincial decidiría activar la emisión de bonos de consolidación de deudas, un instrumento financiero autorizado por la Legislatura.
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