La causa que investiga supuestas irregularidades en la aprobación de las SIRA sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Franco Picardi avanzó con la apertura y análisis de teléfonos celulares pertenecientes a ex funcionarios del Banco Central y a financistas relacionados con Elías Piccirillo, uno de los nombres que aparece con frecuencia en el expediente.
La investigación cobró impulso tras la extracción de información del teléfono de Martín Migueles, señalado por los investigadores como uno de los operadores de un esquema que habría permitido acceder a dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado paralelo con importantes ganancias. Migueles integró la firma ARG Exchange, una de las agencias de cambio bajo investigación.
Además de los teléfonos, la Justicia ordenó analizar notebooks, computadoras de escritorio, discos SSD y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos. El trabajo quedó a cargo de organismos especializados en delitos complejos y peritajes tecnológicos.
Uno de los focos de la pesquisa está puesto en Valeria Fernández, ex auditora externa del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández. Según trascendió, el contenido de su teléfono celular podría aportar información relevante para la investigación.
Su nombre aparece mencionado en distintos chats incorporados al expediente, donde operadores financieros investigados aluden a una supuesta “vieja del Central” o simplemente a “Fernández”, en conversaciones que ahora son analizadas por los investigadores.
Picardi también solicitó el acceso a dispositivos de otros ex auditores y funcionarios vinculados a áreas de control de agencias de cambio dentro del Banco Central. Entre ellos figuran inspectores y directivos encargados de supervisar el funcionamiento del sector.
Piccirillo no solo habría mantenido vínculos con agencias de cambio sino que también habría financiado operaciones de Migueles mediante el Banco Sucrédito y a través de fondos propios. Esa hipótesis surge de mensajes hallados en los teléfonos secuestrados y de documentación incorporada al expediente.
Los investigadores también analizan intercambios de WhatsApp en los que aparecen referencias a supuestas maniobras para obtener autorizaciones de importación y a personas que habrían conseguido importantes beneficios económicos gracias al acceso privilegiado a dólares oficiales.
El video que salpica a Jésica Cirio e Insaurralde
En paralelo, la Justicia sigue otra línea de investigación vinculada a la supuesta existencia de un video en el que aparecería Jésica Cirio contando grandes sumas de dinero en una propiedad atribuida al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.
La grabación habría sido mencionada por Piccirillo y terminó generando movimientos en otra causa judicial. El fiscal Sergio Mola solicitó que el periodista Diego Suárez, quien aseguró haber visto el material, declare como testigo. La audiencia fue fijada para el próximo 25 de junio.
Insaurralde continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el expediente derivado del denominado “Yategate”.
La investigación ya identificó dos operaciones SIRA que, según la hipótesis judicial, habrían sido aprobadas mediante el pago de sobornos. Una de ellas involucra a la firma Cowdin SA, mientras que otra apunta a Napoli Inversiones SA.
A raíz de estos hallazgos, Picardi solicitó el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bursátil de las empresas involucradas para reconstruir el recorrido del dinero y determinar posibles responsabilidades.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones en las que empresarios y gestores discutían supuestos pagos para agilizar autorizaciones de importación. Uno de los mensajes atribuidos al ex funcionario Ariel Saponara consulta por contactos para “liberar” declaraciones de importación, mientras que la respuesta menciona porcentajes de comisión para concretar el trámite.
Para los investigadores, esos intercambios constituyen uno de los indicios más concretos sobre el funcionamiento de una presunta estructura destinada a acelerar aprobaciones de SIRA y facilitar el acceso al mercado oficial de cambios a determinadas empresas en condiciones privilegiadas.
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