La pelea entre el intendente de General Alvear, Ramón Capra, y miembros del Concejo Deliberante de ese distrito será dirimido por la Suprema Corte de Justicia, luego de que el máximo tribunal bonaerense decidiera admitir el conflicto. La disputa se originó luego de que el jefe comunal y dispusiera para sí y sus funcionarios del Departamento Ejecutivo una suba salarial, en línea con la otorgada a los empleados de la Comuna, pero la oposición del deliberativo local lo trabó, lo que motivó una causa judicial.
El expediente está caratulado “Intendente de la Municipalidad de General Alvear contra Honorable Concejo Deliberante de General Alvear sobre conflicto de poderes” y quien llevó la controversia a la Corte fue Capra, en defensa de su medida, que afecta a su salario pero también al de los miembros de su gabinete. Voceros de la Corte le confirmaron a DIB que el tribunal ya estudia el caso.
La pelea se inició el 10 de marzo pasado, cuando Capra, de la UCR, cerró una paritaria con una suba del 2,5 por ciento para los trabajadores municipales, que lo incluía a él y sus funcionarios. Pero el Concejo, que debía convalidarla, solo aceptó el aumento para los empleados. El intendente la vetó pero la oposición -Fuerza Patria, Nuevos Aires y Potencia- insistió con dos tercios de los ediles y dejó firme el esquema que excluye a Capra y sus funcionarios.
ADMISIÓN
El recurso ante la Corte fue presentado por Capra el de 10 de este mes y ahora el Tribunal le dio ingreso, lo que implica que es de su competencia y por lo tanto, que lo resolverá.
En principio, en una cautelar, envió una nota al presidente del Concejo, que está en manos del opositor José Alberto Alaníz, del bloque de Fuerza Patria, para que explique la posición del deliberante en la controversia, para lo que le otorgó un plazo de cinco días.
Concejales de la oposición declararon en las últimas horas que Capra se aumentó el salario y el de al menos dos de sus funcionarias pese al veto , a través de un mecanismo indirecto: el incremento de bonificaciones y gastos de representación.
La denuncia habla de un incremento que, en el bolsillo del alcalde y sus funcionarias, llegaría al 50 por ciento. La resolución de la Suprema Corte incluyó a esos ítems en la prohibición de aumentos hasta tanto no se expida sobre la cuestión de fondo que ahora tiene entre sus manos.
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