Los cargos en el Poder Judicial vuelven a emerger como moneda de cambio entre el Gobierno, sus aliados de la oposición dialoguista y gobernadores. Luego de la tensión que implicó el caso de la candidata a jueza de La Plata, María Verónica Micheli (cuyo pliego el Senado aprobó, pero que el Presidente debe ratificar), la gestión de Javier Milei abre otra ronda ronda de negociaciones para designar más de 70 magistrados, fiscales y defensores.
En este marco, la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta retomará hoy el análisis de pliegos, aunque con solo siete candidatos convocados a audiencia pública, todos del fuero laboral. Una cifra que contrasta de manera llamativa con los más de 70 nombramientos que el Poder Ejecutivo fue enviando al Senado desde fines de abril.
La mayoría de esas postulaciones permanece sin fecha de tratamiento, y la razón tiene menos que ver con cuestiones técnicas que con una estrategia política concreta: varios de esos expedientes fueron negociados directamente entre gobernadores, senadores y la Casa Rosada para conseguir apoyo legislativo.
El mapa judicial que el gobierno quiere rediseñar con impronta libertaria incluye a casi todo el interior del país: aparecen vacantes de jueces federales para Río Negro, fiscales para Formosa, defensores para Santiago del Estero, magistrados para Córdoba, Tucumán, Chaco, Rosario y Comodoro Rivadavia.
La Comisión de Acuerdos en la que deben concretarse las audiencias públicas es presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), alineado con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y que responde a Karina Milei. Se trata del mismo grupo que activó el veto presidencial a Michelli por ser cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que ha investigado algunos de los casos que más comprometen al Gobierno, como el de la presunta estafa con la criptomoneda $Libra.
Tribunal sin sede para Michelli
Aunque el Senado terminó aprobando el nombramiento de Michelli, junto con otros 73 pliegos, rápidamente el Presidente salió a festejar en sus redes el resultado de la votación legislativa, destacando lo que definió como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.
En rigor, la euforia oficial tenía una explicación lógica: la victoria parlamentaria no equivalía directamente a una derrota oficialista ni a una inmediata designación efectiva.
Michelli no asumiría pronto. Ni siquiera en el mediano plazo, dado que si bien el Tribunal Oral N°3 de La Plata al que sería destinada existe desde 2010 nunca entró en funcionamiento.
Según fuentes judiciales, no tiene sede física ni personal ni presupuesto asignado y la Corte Suprema no lo habilitó. Para que eso ocurra, primero el Consejo de la Magistratura debe encontrar un inmueble adecuado en la Ciudad, adaptarlo para uso judicial —con salas de audiencia, acceso para detenidos, espacios para testigos—, equiparlo tecnológicamente, y crear los cargos presupuestarios correspondientes. Solo una vez cumplidos todos esos pasos, el máximo tribunal puede emitir una acordada de habilitación que autorice el juramento de la jueza.
Ese proceso suele demorar habitualmente más de un año, y en este caso podría extenderse todavía más porque la implementación del sistema acusatorio prevista para septiembre agrega la exigencia de instalar salas multimedia.
Además, Milei aún no firmó el decreto de designación formal. Y tampoco tiene plazo para hacerlo.
Los candidatos que vienen
Entre los siete postulantes que comparecerán hoy, dos concentran la mayor atención. Marina Edith Pisacco, propuesta para la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, enfrenta una situación que el entorno oficial mira con lupa: es esposa del periodista de TN, Adrián Ventura. El antecedente Michelli instaló una pregunta obligada en los pasillos del Senado, donde la duda es si el Gobierno presionará con su poder de veto también este caso.
El otro nombre es el de Víctor Arturo Pesino, que busca continuar como camarista en la Sala VIII más allá de los 75 años que la Constitución fija como límite para los magistrados. Su candidatura acumula impugnaciones de la CGT, sindicatos y abogados laboralistas, que le cuestionan especialmente una decisión reciente: haber ordenado el levantamiento de la medida cautelar que la central obrera había planteado para frenar la aplicación de la reforma laboral.
El resto de la nómina incluye a Diego Fernando Manauta, María Claudia Jueguen, Diego Javier Tula, Claudio Fabián Loguarro y Leopoldo Rago Gallo, este último propuesto para el Juzgado Federal N°2 de San Juan.
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