El conflicto más duro en una década

Cuando los gremios docentes anunciaron un paro por 72 horas para el miércoles 5, el jueves 6 y el viernes 7 de marzo, nadie imaginó que comenzaba a gestarse el conflicto más duro que atravesaría al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires desde hace 10 años.

Lo único seguro entonces era que por tercer año consecutivo las clases no comenzarían en la fecha pautada en el calendario escolar oficial. Pero la huelga se extendió y se extendió hasta dejar literalmente paralizadas a las escuelas públicas, que hoy cumplen 16 días ininterrumpidos sin alumnos en sus aulas.

La falta de acuerdo entre el gobierno provincial y los maestros acerca del aumento salarial para este año mantiene a casi tres millones y medio de niños y adolescentes sin clases, y esa situación ya cumplió el equivalente a tres semanas ‘normales’, es decir, sin contar feriados.

El conflicto, para peor, muestra dos caras, lo cual deja al desnudo una dura situación de desigualdad: escuelas públicas cerradas y colegios privados funcionando con total normalidad.

Es que si bien el sindicato que nuclea a los docentes privados, el Sadop, pertenece al Frente Gremial Docente Bonaerense -junto con el Suteba, la Feb, Uda y Amet-, la seccional provincial se alineó desde un principio con la conducción nacional de la entidad y acató la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo de la Nación. Así, en territorio bonaerense, muchos colegios privados sólo vieron alterado su funcionamiento un día: el miércoles 5 de este mes.

BRECHA

La primera oferta que el Gobierno presentó a los gremios consistió en un 25,5 por ciento de aumento del salario de bolsillo para el cargo testigo, es decir, el de una maestra con un cargo, jornada simple y que recién comienza a trabajar.

La oferta contemplaba además que ese aumento se otorgaría en tres cuotas. La negativa de los gremios, que ya habían hecho público un reclamo de 35 por ciento de mejora salarial, fue contundente. La brecha entre la propuesta gubernamental y el pedido gremial era demasiado grande: comenzaba a gestarse una protesta sin precedentes.

Con aulas vacías, los principales gremios de la Provincia, el Suteba y la Feb, convocaron a plenarios generales. La unanimidad en el rechazo a la oferta del Ejecutivo en esas asambleas -donde están representados todos los distritos bonaerenses- dio la pauta de que se estaba ante un conflicto de muy difícil salida.

El Gobierno hizo una segunda oferta: 30,9 por ciento de aumento del salario inicial a pagarse en dos veces, marzo y agosto. Pero los dirigentes sindicales hicieron hincapié en que ese incremento sólo llegaría al 20 por ciento de las maestras de grado, mientras que el 80 por ciento restante de los docentes cobraría un 21 por ciento más. Y ratificaron la continuidad de la huelga.

El miércoles 19 los gremios hicieron una ‘demostración de fuerza’ al convocar a una multitud de docentes que coparon el centro de la Ciudad. Fue entonces cuando intervino el Defensor del Pueblo llamando a las partes a una reunión de mediación, que volvió a fracasar, pero abrió el capítulo judicial del conflicto, ya que la Defensoría presentó el viernes pasado un recurso de amparo ante la Justicia para que comiencen las clases.

El juez de turno, Francisco Terrier, ordenó a los gremios el cese inmediato de las medidas de fuerza y al Gobierno a mantener abierta la paritaria. Los sindicatos no acataron la disposición judicial.

La paritaria, en tanto, continuó ayer. El Ejecutivo elevó la misma propuesta que los gremios ya habían rechazado. Nuevo fracaso, y las aulas bonaerenses continuarán vacías.