La recuperación de los cuerpos de las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio avanza con lentitud y profundiza el malestar entre los familiares, que denuncian falta de maquinaria y de apoyo oficial para retirar los cadáveres atrapados bajo los escombros.
El Gobierno actualizó el balance oficial a 2.645 fallecidos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que golpearon principalmente al estado de La Guaira y también provocaron importantes daños en Caracas.
Los equipos de rescate comenzaron a finalizar las operaciones de búsqueda de sobrevivientes, ya que las posibilidades de encontrar personas con vida eran prácticamente nulas nueve días después de un desastre de estas características.
La frustración entre los damnificados se transformó ahora en un reclamo por la recuperación de los cuerpos. En algunos casos, los propios familiares intentan preservarlos colocando cal para retrasar el proceso de descomposición hasta que puedan ser retirados.
“Nadie quiere sacar a los muertos, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Necesitamos maquinaria que nos ayude”, expresó Dalimer Díaz, quien espera recuperar los restos de varios integrantes de su familia.
Cuestionamientos a la respuesta oficial
Las críticas también apuntan a la actuación del Estado durante las primeras horas posteriores al desastre. Vecinos, familiares y voluntarios aseguran que fueron ellos quienes iniciaron las tareas de búsqueda y remoción de escombros ante la escasez de rescatistas y equipos especializados.
El Gobierno evita informar una cifra oficial de desaparecidos, mientras estimaciones de Naciones Unidas hablan de unas 50.000 personas cuyo paradero aún no pudo ser determinado. Además, millones de personas permanecen afectadas por la emergencia, muchas de ellas alojadas en refugios temporarios o directamente en la vía pública.
La presidenta interina Delcy Rodríguez defendió el operativo desplegado por el Ejecutivo y rechazó las críticas. En su primera conferencia de prensa tras asumir el poder, sostuvo que la información sobre la tragedia está disponible y denunció la existencia de campañas mediáticas destinadas a “perturbar y generar caos”. Rodríguez quedó al frente del Gobierno luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación encabezada por Estados Unidos, país que además coordina parte de la asistencia internacional enviada a Venezuela.
En paralelo, la dirigente opositora María Corina Machado, actualmente exiliada, cuestionó la respuesta estatal y afirmó que la emergencia dejó en evidencia “la ausencia total del Estado” y la falta de referentes institucionales para la población.
La presidenta interina aseguró además que los fallecidos serán debidamente identificados y descartó la posibilidad de realizar enterramientos en fosas comunes.
En el puerto de La Guaira funciona una morgue improvisada al aire libre, donde cientos de personas esperan para retirar los restos de sus familiares y completar los trámites correspondientes.
Comenzó a operar ayer una brigada española equipada con una grúa de gran porte para remover los escombros de uno de los edificios colapsados en Caraballeda, donde todavía permanecen personas sepultadas.
“Hasta que no recupere los cuerpos de mi padre y mi hermana no voy a estar tranquilo”, afirmó José Francisco Liendo, uno de los familiares que continúa esperando noticias.
Mientras tanto, las autoridades provinciales informaron que diariamente distribuyen unas 50 toneladas de ayuda humanitaria y que alrededor de 10.000 personas ya recibieron atención médica en hospitales de La Guaira.
Aunque la capital venezolana también sufrió derrumbes y daños estructurales, la devastación fue considerablemente menor que la registrada en la zona costera. De todos modos, este viernes volvió a vivirse un momento de tensión cuando colapsó un sector de una escuela católica de siete pisos en Caracas. Según las autoridades del establecimiento, el edificio ya había sido declarado inseguro y no había personas en el lugar al momento del derrumbe.
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