El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones docentes, como Conadu, denuncian la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Exigen recomposición salarial urgente y alertan por un inicio del segundo cuatrimestre cruzado por medidas de fuerza. Al cierre de esta edición definían si van al paro el próximo lunes 3 de agosto.
Frente a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo que agrupa a los rectores de las universidades públicas del país dio un nuevo paso institucional al solicitar formalmente a la Justicia la habilitación de la feria judicial de invierno para acelerar una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
La medida, respaldada por la Conadu y el resto de los frentes sindicales docentes y no docentes, busca frenar el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la pérdida del poder adquisitivo del salario.
El Gobierno nacional condicionó su aplicación mediante normativas secundarias y decretos que exigen la acreditación de “fuentes específicas de financiamiento”.
Aunque la Corte Suprema y tribunales inferiores emitieron resoluciones que ordenan cumplir con el presupuesto, las autoridades universitarias denuncian que la ejecución real sigue bloqueada.
Desde la Conadu advierten por la pérdida del poder adquisitivo. Apuntan que el atraso acumulado en los haberes de la docencia universitaria respecto de la inflación requeriría una actualización cercana al 50% para equiparar la capacidad de compra registrada a fines de 2023.
También pone el foco en la caída del presupuesto real. Los informes técnicos del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-Conadu) remarcan que, si bien el presupuesto nominal muestra un incremento del 18,6% interanual, en términos reales representa una pérdida superior al 11% respecto a 2025 y de casi un 38% respecto a 2023.
Señalan que el gasto operativo está “ahogado”. Cerca del 93% de los fondos liquidados a las universidades se orientan de forma casi exclusiva al pago de salarios.
”Sostener que las universidades están funcionando normalmente es ignorar la gravedad del contexto. Las aulas están abiertas por el compromiso de sus trabajadores, pero con salarios por debajo de la línea de pobreza no hay universidad pública sustentable”, sostienen las resoluciones de los cuerpos orgánicos sindicales.
Ante el estancamiento de la negociación paritaria y el rechazo de la propuesta oficial del Ministerio de Capital Humano —que ofreció subas muy distantes de los niveles de inflación—, las federaciones gremiales han ratificado la continuidad del plan de lucha.
Durante el primer cuatrimestre se llevaron a cabo paros de 48 y 72 horas con alto acatamiento en todo el país. De no mediar un cambio en la postura gubernamental o un fallo judicial ejecutorio, los gremios analizan no iniciar con regularidad el ciclo lectivo del segundo cuatrimestre, disponiendo nuevas jornadas de paro nacional y convocatorias a movilizaciones federales junto con el movimiento estudiantil.
La atención queda centrada en las decisiones que adopte el Poder Judicial en las próximas semanas y en la capacidad de respuesta del Ejecutivo frente a un reclamo que unifica a rectores, docentes, no docentes y estudiantes.
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